Inician despidos masivos en el Poder Judicial Federal para reducir gasto operativo

Ciudad de México (30 de enero de 2026).- El cese de entre 350 y 500 trabajadores administrativos de confianza en todo el país fue puesto en marcha por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Esta medida se formalizó como parte de los reajustes presupuestales programados para el ejercicio 2026, afectando directamente la estabilidad laboral de diversos funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Ejecución del plan de austeridad

La Dirección General de Recursos Humanos comenzó a notificar las bajas esta semana, centrándose en perfiles profesionales de analistas, técnicos administrativos y jefes de departamento. Esta decisión es el resultado directo del acuerdo de disciplina presupuestaria aprobado el pasado 12 de diciembre por el Pleno del OAJ.

El objetivo central de dicho acuerdo es lograr una reducción del 10 por ciento en el costo anual de las estructuras orgánicas antes de que finalice enero de este año. Según fuentes oficiales de la institución, la disposición busca eficientar los recursos públicos, bajo la premisa de que actualmente 92 de cada 100 pesos recibidos por el Poder Judicial se destinan exclusivamente a sueldos y salarios.

Contexto de la fuerza laboral y presupuesto

De acuerdo con el Primer Informe del OAJ presentado en diciembre, la institución cuenta con un universo de 49 mil 980 servidores públicos. La estructura se desglosa de la siguiente manera:

• Personal jurisdiccional: 38 mil 855 empleados distribuidos en juzgados y tribunales.

• Funcionarios administrativos: 11 mil 125 personas laborando en unidades y órganos auxiliares.

• Población objetivo del recorte: Se estima que entre 3 mil 500 y 5 mil trabajadores son de confianza y carecen de representación sindical.

• Meta de despidos: El grupo afectado por el cese este fin de mes representa exactamente el 10 por ciento de este último sector administrativo.

Finalmente, el OAJ enfrenta este reto operativo con un presupuesto 4.5 por ciento menor al asignado anteriormente al Consejo de la Judicatura Federal. Desde que inició funciones en septiembre, el organismo ha lidiado con diversas problemáticas, incluyendo reclamos por recortes y falta de pagos, en un proceso de transición que ahora suma esta reducción masiva de personal.