La Justicia de Perú confirmó este jueves la sentencia de once años, cinco meses y 15 días de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración, descartando los cargos de golpe de Estado y abuso de autoridad solicitados por la Fiscalía. El Ministerio Público buscaba una condena de hasta 34 años por esos delitos, sin embargo, el Poder Judicial determinó que no se cumplieron los elementos para tipificarlos.
Durante la audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2025, el tribunal concluyó que Castillo sí anunció la disolución del Congreso y un gobierno de excepción en diciembre de 2022, pero el acto no derivó en un golpe de Estado consumado. La decisión argumenta que las Fuerzas Armadas no respaldaron al entonces mandatario y que no hubo interrupción efectiva del orden constitucional. El mismo día del anuncio, Castillo fue destituido y detenido, lo que frenó cualquier intento de ruptura institucional.
El Poder Judicial precisó que la conducta del exmandatario encuadra en conspiración y no en rebelión, al no haberse materializado un alzamiento contra el Estado. La sentencia también incluye dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según información difundida por medios peruanos.
Desde prisión, Castillo calificó la resolución como “una barbaridad jurídica” y reiteró que los cargos por rebelión y abuso de autoridad no pudieron ser acreditados. Señaló que el veredicto corresponde a “otro caso” y afirmó que “Perú sabe lo que está pasando”, en referencia a su postura de persecución política.
La ratificación de la condena coincidió con la sesión del Congreso de Perú, que nuevamente no logró reunir los votos suficientes para inhabilitar al exmandatario por un periodo adicional de diez años. El proceso legal en su contra continúa siendo uno de los temas más relevantes en la agenda política peruana.
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