De acuerdo con el documento oficial, el arancel vigente bajo el trato de nación más favorecida “no ofrecía la protección suficiente” ante la caída sostenida del precio internacional del azúcar, lo que ha afectado la rentabilidad de los ingenios azucareros y de los productores de caña mexicanos.
El nuevo esquema elimina los aranceles específicos de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo, sustituyéndolos por tarifas ad-valorem, es decir, calculadas con base en el valor de la importación.
Estrategia para salvaguardar la producción nacional
El decreto señala que esta medida forma parte de las estrategias del Gobierno federal para eliminar distorsiones del mercado global y fortalecer la soberanía productiva. Además, busca garantizar la estabilidad económica de los ingenios y evitar una crisis en la cadena de suministro azucarera nacional.
El documento fundamenta la decisión en los artículos 25 y 131 de la Constitución Mexicana, que facultan al Estado a regular el comercio exterior y proteger la producción nacional en casos considerados urgentes.
Hacia una agroindustria más estable
El Gobierno subrayó que este ajuste arancelario está en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, enfocado en impulsar la autosuficiencia alimentaria y productiva. Con ello, se busca que la industria azucarera mexicana mantenga su competitividad frente a las importaciones y pueda seguir generando empleo y desarrollo regional.
La imposición de aranceles de hasta 210% al azúcar importada representa un golpe de timón en la política comercial del país. El objetivo es claro: proteger al campo y la industria nacional ante un entorno internacional adverso y mantener la viabilidad económica de un sector estratégico para México.
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