Una violenta operación policial en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, dejó 132 muertos, según la Defensoría Pública brasileña, en lo que las autoridades califican como una de las acciones más grandes contra el narcotráfico en el país. El Gobierno regional, sin embargo, solo ha reconocido oficialmente 119 fallecidos.
Entre los muertos se contabilizan cuatro policías y más de un centenar de presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil. La intervención, que buscaba detener a 180 sospechosos, derivó en intensos enfrentamientos y escenas de devastación en comunidades donde viven más de 200 mil personas.
Rayune Diaz Ferreira, vecina de la zona, relató que los propios habitantes recuperaron los cuerpos sin ayuda oficial: “Somos los residentes quienes hemos cargado con los cadáveres, mientras el Estado nos da la espalda”. Testimonios similares evidenciaron la magnitud de la tragedia y el abandono institucional en estas comunidades.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación de “éxito”, señalando que fue planificada durante un año para minimizar bajas civiles y asestar un golpe decisivo al Comando Vermelho. Sin embargo, organismos internacionales y autoridades federales han condenado la acción por su nivel de violencia.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó sentirse “horrorizado” y pidió una investigación exhaustiva sobre los hechos, recordando a Brasil sus compromisos internacionales. De igual forma, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, advirtió que la operación podría ser incompatible con el Estado democrático de derecho y confirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “aterrado” por el saldo mortal.
El secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, defendió la legitimidad del operativo y acusó a los críticos de “narcoactivistas”. Afirmó que se decomisaron 119 armas, 14 explosivos y toneladas de droga, además de 113 detenciones, en lo que definió como “el mayor golpe” contra el Comando Vermelho desde su fundación en los años setenta.
Tras la retirada de la policía, testigos reportaron la presencia de hombres armados en las calles de las favelas, lo que reaviva los temores de una nueva ola de violencia en Río de Janeiro.
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