En un patrón perverso, una ley del Gobierno termina por perjudicar a quien pretende proteger. El Ejecutivo empeoró un problema que aqueja a España, el acceso a vivienda de alquiler a precio razonable, solución difícil, sobre todo para las personas más vulnerables.
Es consecuencia de la ley de Vivienda que entró en vigor en 2023 y que empeora un problema. Desde su aplicación, los alquileres son escasos y caros. Los datos son una losa: a dos años, hay 120 mil pisos menos (de 855.518 a 734 mil) y la renta media ha subido de 906 a 1,146 euros. Un cuarto de los pisos del parque del alquiler se esfumó y cada vez hay más demandantes por cada inmueble. El efecto de la ley es general, aunque las regiones que la aplican con brío son las más perjudicadas.
En Cataluña y País Vasco, primeras en solicitar la declaración para techar el precio de los alquileres, los efectos son devastadores: los precios han subido más, la oferta se restringe y cada vez es mayor la fila de interesados. En Cataluña más de la mitad de las viviendas son ahora de alquiler temporal, antes de la ley este porcentaje era 15% y las casas vacías se multiplican por 8.
Cuando se interviene ideológicamente el mercado, el realismo económico pone en evidencia planteamientos así. Todos los agentes en coordinación pueden facilitar acceso a vivienda al ciudadano, máxime si se trata de personas y familias con rentas más bajas o en situación precaria. Esto se habría logrado si se hubiera abordado el problema de manera razonable como aumentar la oferta del mercado del alquiler construyendo más inmuebles.
Desgraciadamente, el Ejecutivo, en connivencia con sus socios de gobierno cayó en la tentación ideológica de demonizar a los propietarios –malvados y culpables en su pensamiento– y los expulsó de un mercado en el que ya no se sienten protegidos ni seguros. La vulnerabilidad de estos ante ocupaciones y situaciones de impagos, en los que ellos se tienen que hacer cargo de los gastos, les empuja a tomar formas legítimas y diferentes al alquiler.
Los propietarios huyen de inquilinos en situaciones vulnerables con lo que familias sin recursos, con rentas bajas e hijos pequeños, a los que debía proteger la norma, se han visto perjudicadas y lo tienen más difícil que nunca.
En México, de manera sistemática se destruye el estado de derecho. Se sataniza al inversor, al dueño, al capital que genera empleo y riqueza. El Estado es campeón en generar igualdad en la pobreza, en vivir sin libertad, en la sumisión al gobierno y a su ideología. Es conservador por excelencia. Desea ser un imperio que se herede.
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