El presidente Donald Trump ha dado un paso audaz en su política migratoria al firmar un memorando que pone tierras federales en manos de las Fuerzas Armadas para fortalecer la frontera con México. La medida, anunciada el viernes por la noche, está generando un intenso debate sobre hasta dónde puede llegar el ejército en tareas que suelen ser civiles. Aquí te contamos qué significa este cambio, qué tierras están en juego y por qué no todos están de acuerdo.
Un plan para blindar la frontera
El memorando, enviado a cuatro pesos pesados del gobierno —Doug Burgum (Interior), Kristi Noem (Seguridad Nacional), Pete Hegseth (Defensa) y Brooke Rollins (Agricultura)—, da luz verde al Departamento de Defensa para tomar el control de terrenos públicos a lo largo de la frontera sur. El objetivo es claro: fortalecer el muro fronterizo, instalar tecnología de vigilancia y, según la Casa Blanca, frenar lo que describen como una “invasión ilegal”.
El documento pone el foco en la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que corre paralela a la frontera en estados como California, Arizona y Nuevo México. Pero no se queda ahí: le da al secretario de Defensa, Pete Hegseth, carta blanca para decidir qué otras tierras públicas podrían sumarse al plan y qué actividades militares son necesarias. Eso sí, las reservas indígenas federales quedan fuera, un punto que el memorando deja explícitamente claro.
BREAKING 🚨 President Trump just authorizes our military to take over public land along the border
I VOTED FOR THIS 🔥 pic.twitter.com/NrYnUSGBHy
— MAGA Voice (@MAGAVoice) April 11, 2025
¿Tierras convertidas en bases militares?
La idea es transformar ciertas áreas fronterizas en algo parecido a instalaciones militares. Si un migrante cruza por ahí, podría ser retenido por las Fuerzas Armadas hasta que agentes de Seguridad Nacional lo procesen para su deportación. Aquí es donde las cosas se complican. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe que el ejército actúe como policía dentro de Estados Unidos, pero el memorando parece esquivar esto al etiquetar estas zonas como “áreas de retención” bajo control militar.
Al declarar una emergencia nacional en la frontera, Trump ha abierto la puerta para que sus secretarios manejen estas tierras con fines militares sin tantas trabas legales. Hegseth, en particular, tiene el poder de decidir qué tan lejos llevar esta militarización, desde más vigilancia hasta quién sabe qué otras medidas. Esto ha encendido las alarmas de quienes ven un riesgo en darle tanto poder al ejército en un tema tan delicado como la migración.
Un cambio que no pasa desapercibido
La decisión de Trump marca un antes y un después en cómo Estados Unidos aborda su frontera sur. No es solo sobre construir un muro más alto o instalar más cámaras; es sobre redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en un terreno que históricamente ha sido responsabilidad de agencias civiles como la Patrulla Fronteriza. Algunos aplauden la medida como un paso firme para controlar la migración, mientras otros la critican por cruzar una línea peligrosa, tanto legal como éticamente.
El debate está servido: ¿es esta una solución efectiva o un precedente preocupante? Por ahora, el memorando ya está en marcha, y sus efectos no tardarán en sentirse en la frontera y más allá.
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