Un juez federal en Seattle bloqueó de manera temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, dando inicio a una contienda legal que se prevé extensa y compleja.
El magistrado John C. Coughenour, nombrado durante la administración de Ronald Reagan, escuchó 25 minutos de alegatos antes de fallar desde el estrado. Su decisión impide la aplicación de la polémica medida durante al menos 14 días, mientras se evalúa la posibilidad de una suspensión más prolongada.
Este caso coincide con el inicio de múltiples litigios relacionados con la orden de Trump, que busca limitar la ciudadanía automática a hijos de ciudadanos y residentes legales, excluyendo a los nacidos de padres indocumentados o con visas temporales.
Hasta ahora, cuatro estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— presentaron recursos para impedir su entrada en vigor a finales de febrero, alegando que viola la 14ª Enmienda de la Constitución. Coughenour se mostró tajante:
“Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”.
La 14ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país y del estado donde residan. En su queja, los fiscales demócratas advierten que la orden de Trump reviviría una versión “moderna de Dred Scott”, el fallo de 1857 que negó la ciudadanía a personas de ascendencia esclava.
De aplicarse el decreto, los demandantes señalan que miles de niños en los estados afectados quedarían sin acceso a servicios públicos como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), además de enfrentar la deportación o el estatus de apátridas.
En contrapartida, el Departamento de Justicia sostiene que Trump cuenta con amplia autoridad para reformar el sistema migratorio y que los estados carecen de legitimidad para demandar, pues argumentan que las presuntas pérdidas económicas no constituyen un derecho legalmente reconocible.
El abogado gubernamental Brad Rosenberg destacó la “necesidad de abordar el sistema de migración fallido de esta nación” y planteó que la interpretación actual de la 14ª Enmienda “es errónea desde hace más de un siglo”.
Según Rosenberg, el factor esencial se centra en determinar si los hijos de “extranjeros no residentes” están verdaderamente “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. Desde su perspectiva, la historia muestra que dichos menores no cumplirían con ese requisito, por lo que carecerían de un derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.
Ese punto, que anularía la doctrina jurídica seguida durante décadas, sería la base para escalarlos por vía de apelaciones, de forma casi segura hasta la Corte Suprema.
Por su parte, la demanda de los estados enfatiza las consecuencias inmediatas del decreto: menores despojados de la nacionalidad, inconvenientes administrativos y recortes en fondos federales. Además, se alerta que las familias podrían verse forzadas a la separación o a la clandestinidad. En la audiencia, varios defensores de derechos de los inmigrantes expresaron consternación ante la posibilidad de que la Casa Blanca modifique un precepto tan arraigado en la jurisprudencia nacional.
El juez Coughenour fijó nuevas audiencias para analizar la posibilidad de una orden judicial preliminar que bloquee indefinidamente la medida mientras prosigue el litigio. En paralelo, otros cinco procesos similares —uno de ellos impulsado por fiscales generales y entidades de defensa migratoria— se interponen en diversos tribunales federales. El desenlace, señalan los expertos, pasará por una resolución definitiva en el máximo tribunal del país.
Por el momento, la orden de Coughenour otorga un respiro a quienes temían la inminente puesta en marcha de la medida. Sin embargo, los impulsos reformistas de Trump en materia migratoria siguen siendo un eje central de su nueva administración, anticipando que la situación podría cambiar de rumbo o hasta radicalizarse según se desarrolle la contienda en los tribunales.
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