Con una reserva aprobada la madrugada de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados quitó de la reforma sobre áreas y empresas estratégicas que el Estado sea el encargado de trabajar por la generación de energías limpias y renovables.
Durante la discusión en lo particular de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas, la mayoría de los legisladores aprobó a mano alzada una reforma presentada por la diputada de Morena Ana Elizabeth Ayala Leyva, para eliminar del dictamen el siguiente párrafo, en el artículo 27 constitucional: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Mientras que en el artículo 28 fue suprimido de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”.
Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Esta modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París; además, amputa la transición energética y están reduciendo al Estado su capacidad y obligación”, dijo el diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, quien se manifestó en contra de la reserva.
Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, consideró que con dicha reserva “lo que se busca es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética”.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, comentó que “el párrafo que se busca suprimir no venía en la iniciativa del Presidente de la República, sino que se incluyó posteriormente en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la mayoría lo defendió”.
En tanto, la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseveró que “borrar ese párrafo significa que tanto el Estado como los privados podrán llevar a cabo las inversiones para la importante tarea de la transición energética. Lo que se está cuidando es que el Estado conserva la rectoría”.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, y turnado al Senado para que continúe con su proceso legislativo.
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