El Tribunal Constitucional de Tailandia ha destituido al primer ministro Srettha Thavisin, quien llevaba menos de un año en el cargo. Esta decisión se produce apenas una semana después de la disolución del partido opositor que ganó las elecciones de 2023, lo que ha generado preocupación e incertidumbre en el país.
La decisión del tribunal fue tomada en una votación muy ajustada, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Srettha fue acusado de violar un código ético al nombrar como ministro de Finanzas a Pichit Chuenban, quien fue condenado en 2008 por intentar sobornar a funcionarios judiciales. A pesar de defender su integridad y mantener su inocencia, Srettha fue removido del cargo, lo que también provocó la caída de todo su gabinete.
Ante esta situación, la Cámara de Representantes deberá elegir un nuevo líder, aunque no se ha establecido un límite de tiempo para hacerlo. Mientras tanto, el viceprimer ministro Phumtham Wechayachai asumirá temporalmente el liderazgo del gobierno.
Srettha, un exmagnate de la construcción, llegó al poder en agosto de 2023 liderando el partido Phue Thai, que previamente se había enfrentado a los poderes conservadores del país. Fue elegido primer ministro con el apoyo de partidos promilitares, a pesar de haber prometido no aliarse con ellos durante su campaña electoral.
La destitución de Srettha y la reciente disolución del partido reformista Avanzar han generado críticas sobre la influencia del Tribunal Constitucional en la política tailandesa. Según algunos analistas, estos movimientos reflejan un intento de preservar el poder de la élite conservadora en el país.
El futuro político de Tailandia es incierto, y se especula sobre quién podría ser el sucesor de Srettha. Entre los posibles candidatos se mencionan a Paetongtarn Shinawatra, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra; Anutin Charnvirakul, promotor de la liberalización de la marihuana en el país; y Prawit Wongsuwan, un exmilitar con influencia en varios golpes de Estado.
La destitución de Srettha es la tercera que realiza el Tribunal Constitucional en los últimos 16 años, lo que refuerza las críticas sobre el papel del tribunal en la política del país.
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