El 23 de agosto de 2024, once países de América Latina y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de validar la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio.
Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron sus dudas sobre la verificación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionando la falta de transparencia en el proceso electoral. En el comunicado, manifestaron que previamente habían desconocido la validez de los resultados debido a la negativa de permitir una auditoría imparcial e independiente, así como a la falta de acceso para representantes de la oposición durante el conteo oficial.
Los países firmantes destacaron la necesidad de una auditoría que garantice el respeto a la voluntad popular y la democracia en Venezuela. Además, mostraron su preocupación por las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que han reclamado pacíficamente el respeto al voto.
El TSJ, bajo la presidencia de Caryslia Rodríguez, anunció el 22 de agosto que la Sala Electoral convalidaba los resultados proclamados por el CNE, a pesar de que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador de los comicios.
La comunidad internacional sigue exigiendo la publicación completa de los resultados, como estaba previsto en el cronograma electoral, un punto que aún no ha sido atendido por las autoridades venezolanas.
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