En los primeros días de agosto, la policía bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a cabo una serie de redadas y arrestos simultáneos, capturando a doce sacerdotes en todo Nicaragua. Esta ola de detenciones, denunciada por la comunidad religiosa, organizaciones de derechos humanos y opositores al régimen, marca una nueva fase en la escalada de represión contra la Iglesia Católica. Esta represión llega justo después de que un grupo de expertos de la ONU calificara la persecución religiosa en Nicaragua como un “crimen de lesa humanidad”.
Los sacerdotes detenidos pertenecen en su mayoría a la Diócesis de Matagalpa, un epicentro de la represión desde agosto de 2022, cuando el obispo Rolando Álvarez fue arrestado por órdenes directas de Ortega y Murillo. Desde entonces, esta región ha sido especialmente atacada, con un número significativo de sacerdotes siendo forzados al exilio o detenidos. A pesar de la gravedad de los hechos, la policía nicaragüense no ha emitido declaraciones sobre las detenciones, lo que ha generado una profunda preocupación entre los defensores de derechos humanos.
Según fuentes cercanas a la Iglesia Católica, siete de los sacerdotes arrestados fueron transportados al Seminario Nacional de Fátima en Managua antes de ser enviados al aeropuerto para su destierro a Roma. Este destierro es parte de una estrategia continua del gobierno para silenciar a voces críticas dentro de la Iglesia.
La persecución contra los religiosos no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un contexto más amplio de represión política en el país. En julio, el número de presos políticos en Nicaragua ascendió a 151, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Este incremento refleja la intensificación de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, que mantienen a la población en un estado constante de miedo y ansiedad.
En resumen, Nicaragua se enfrenta a una alarmante represión contra la Iglesia Católica, que ha llevado al destierro de numerosos sacerdotes y a un aumento en el número de presos políticos, mientras el régimen de Ortega y Murillo continúa consolidando su poder a través del miedo y la intimidación.
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