El gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión radical: la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Este anuncio se hizo oficial mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, señalando que el Ministerio de Justicia argentino asumirá ahora todas las responsabilidades en la lucha contra la discriminación en el país.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que esta medida responde a una serie de irregularidades detectadas en el Inadi. Según Adorni, desde 2016 se acumularon más de 7.000 expedientes sin resolver, lo que evidenció una grave ineficiencia en el organismo. Además, un 85 % del presupuesto del Inadi se destinaba al pago de sueldos, mientras que solo el 15 % se utilizaba para gastos operativos.
Entre los problemas destacados, se mencionaron irregularidades en la contratación de personal y el arrendamiento de inmuebles, lo que llevó a una estructura sobredimensionada del Inadi. Este exceso de personal y falta de control resultó en un gasto significativo para el Estado, que alcanzó los 315 millones de pesos en marzo de este año. Este monto equivale a unas 2.347 jubilaciones mínimas.
La creación del Inadi, en 1995, fue un esfuerzo conjunto de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y otras organizaciones, con el objetivo de combatir la discriminación en todas sus formas en Argentina. Sin embargo, desde el año 2000, el instituto comenzó a ser intervenido por las administraciones de turno, lo que progresivamente le quitó su autonomía. A mediados de febrero de este año, el gobierno de Milei decidió seguir esta tendencia intervencionista, pero con el fin de cerrar definitivamente el organismo.
Esta decisión ha generado controversia, ya que la discriminación sigue siendo un problema significativo en Argentina, afectando a diversos colectivos. La Daia, junto con otras organizaciones, ha expresado su preocupación por esta medida, señalando que la eliminación del Inadi pone en riesgo la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica en la sociedad argentina.
Con esta disolución, el Ministerio de Justicia argentino tendrá la tarea de implementar políticas efectivas para combatir la discriminación, en un contexto donde la transparencia y eficiencia serán clave para lograr resultados tangibles en la protección de los derechos humanos en el país.
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