El Gobierno de Estados Unidos, junto con los fiscales generales de 39 estados, ha presentado este lunes una modificación a la demanda contra Live Nation, la empresa propietaria de Ticketmaster, para exigir una compensación a los consumidores por el supuesto monopolio ilegal que ejerce la compañía en el mercado de la venta de entradas.
La demanda original, presentada en mayo por 29 estados, ha sido ahora respaldada por otros 10 estados: Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Sur, Utah y Vermont, quienes se han unido a la acción legal en busca de justicia para los consumidores afectados.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, argumentó que Live Nation y Ticketmaster han abusado de su posición en el mercado, cobrando precios excesivos a los consumidores y perjudicando tanto a las salas de conciertos como a los artistas. La demanda revisada tiene como objetivo recuperar los daños sufridos por los consumidores, especialmente en Nueva York, donde los fanáticos de la música en vivo han pagado de más debido a estas prácticas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Live Nation de explotar su relación con Oak View Group, una empresa que supuestamente es competidora, pero que, en realidad, se ha convertido en su aliada mediante acuerdos de exclusividad con Ticketmaster. Además, Live Nation ha sido señalada por amenazar con represalias financieras a otras empresas para consolidar su dominio en el mercado de promoción de conciertos, y por adquirir promotores regionales considerados “amenazas” para eliminar la competencia.
Actualmente, Live Nation controla aproximadamente el 80 % de la venta de entradas en las principales salas de conciertos del país, gestiona directamente a más de 400 artistas, y posee o controla más del 60 % de los grandes anfiteatros y promociones de conciertos en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
Estas acciones, sostiene el Gobierno estadounidense, han resultado en un aumento de precios para los consumidores y han limitado las oportunidades de actuación para los artistas, mientras que los promotores más pequeños han sido excluidos del mercado. La demanda busca poner fin a estas prácticas y abrir una nueva era en la que las grandes corporaciones de la música en vivo no se aprovechen de los aficionados, artistas y salas de conciertos.
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