Dos organizaciones salvadoreñas presentaron este lunes una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, y sus aliados en el Congreso. La denuncia se basa en la supuesta falta de transparencia en el manejo de recursos estatales y en la contratación de asesores.
El abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), explicó que la denuncia incluye a los bloques legislativos del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Joya señaló que no se ha visto una gestión transparente de los fondos públicos ni claridad sobre quiénes han sido contratados con estos recursos.
Según documentos filtrados por un grupo de activistas digitales, los legisladores del oficialismo habrían contratado a “creadores de contenido, youtuberos, exfutbolistas” y otros personajes cuestionados, lo que ha generado preocupación sobre el uso de los recursos del Estado.
La denuncia, presentada junto a la asociación Bloque de Resistencia Popular (BRP), busca que el TEG investigue esta situación y que se revelen los detalles de las contrataciones realizadas por los diputados.
Ivania Cruz, también abogada del Unidehc, indicó que en 2023 la Asamblea Legislativa tuvo un presupuesto de 34 millones de dólares, que aumentó a 35 millones en 2024, a pesar de la reducción del número de escaños de 84 a 60. Cruz afirmó que el 90 % de los decretos aprobados en la Asamblea provienen del Gobierno y que no se realiza un estudio previo antes de su aprobación, lo que, según ella, indica un manejo irresponsable de los recursos.
Cruz calificó de “derroche y despilfarro” el uso de los fondos públicos por parte de los diputados y subrayó que la reserva de información financiera solo favorece la corrupción. A inicios de julio, el presidente Bukele anunció en cadena nacional que cada legislador tendría un presupuesto de 11.000 dólares para gastos, lo que ha aumentado las críticas sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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