En un esfuerzo por abordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el Ministerio Público de Perú ha iniciado formalmente 18 investigaciones preparatorias. Estas investigaciones apuntan a 154 miembros de la Policía Nacional y el Ejército peruano, responsabilizándolos de la muerte y lesiones de 267 personas durante dicho período.
Este conjunto de investigaciones surge en un contexto de persistente tensión social y política en Perú, especialmente después de la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. Los casos han sido impulsados por un equipo especial de fiscales dedicado a casos con víctimas durante las protestas, lo que refleja la seriedad y la urgencia con la que el gobierno desea tratar estos incidentes.
Entre los imputados se encuentran altos mandos de las fuerzas de seguridad, quienes han sido vinculados a eventos específicos de violencia y abuso de autoridad. En la región de Ayacucho, por ejemplo, 27 integrantes del Ejército están siendo investigados por violencia en los exteriores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga. Asimismo, en Puno y Cuzco, las autoridades están procesando a varios oficiales de policía por su involucramiento en incidentes que resultaron en muertes y múltiples heridos.
Las nuevas regulaciones implican también limitaciones estrictas en el comportamiento de las fuerzas del orden durante las manifestaciones, reflejando un cambio hacia una mayor responsabilidad y transparencia. Además, se están llevando a cabo auditorías y revisiones de los procedimientos policiales y militares para asegurar que estos cuerpos actúen conforme a los estándares de derechos humanos.
Estas investigaciones son un paso crucial para abordar las acusaciones de impunidad y para restaurar la confianza pública en las instituciones del estado. El proceso será seguido de cerca tanto por los ciudadanos peruanos como por observadores internacionales, dada su importancia para la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en el país.
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