El reciente decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud de Perú ha generado una fuerte controversia al incluir la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como enfermedades mentales en el último Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Esta medida ha desencadenado reacciones negativas por parte de activistas LGTBI y algunos sectores políticos progresistas.
Susana Chávez, directora de la ONG Promsex, expresó a EFE su preocupación por esta decisión, afirmando que la inclusión de estas categorías como enfermedades mentales aumenta la desconfianza hacia el Estado en cuanto al respeto a las minorías sexuales.
El Ministerio de Salud, en un comunicado posterior a la reacción de las organizaciones, aclaró que la diversidad de género y sexualidad no son enfermedades ni trastornos, explicando que la actualización del PEAS se realizó para garantizar una cobertura completa en salud mental. Sin embargo, la inclusión de estos términos ha generado un debate sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de avanzar en la despatologización de la diversidad sexual y de género.
Voces políticas también se han pronunciado en contra de esta medida. La congresista Susel Paredes destacó que calificar la transexualidad como enfermedad mental refuerza el estigma y la discriminación hacia las personas trans. Por su parte, la congresista independiente Flor Pablo criticó al Gobierno por emitir una norma que retrocede en los avances en derechos y políticas públicas implementadas en la última década.
Este episodio evidencia una división en la sociedad peruana entre aquellos que abogan por el respeto a la diversidad y la no patologización de la identidad de género, y aquellos que sostienen posturas conservadoras y restrictivas respecto a los derechos de las personas LGTBI.
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