En respuesta a la crisis energética que ha sumido al país en apagones prolongados desde el pasado domingo, el Gobierno de Ecuador ha decretado la suspensión de la jornada laboral para los dos próximos días, jueves y viernes. Esta medida extraordinaria llega en medio de una serie de acontecimientos que incluyen acusaciones de sabotaje y corrupción en el sector eléctrico.
El presidente Daniel Noboa ha firmado un decreto que establece la recuperación de las horas perdidas en el sector público mediante una hora adicional de trabajo en los días siguientes, mientras que en el sector privado se deja a discreción de empleadores y trabajadores cómo se recuperarán las horas perdidas.
La crisis energética ha llevado a Noboa a pedir la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, a quien acusa de ocultar información crucial para evitar esta situación. Las investigaciones preliminares apuntan a que funcionarios de alto nivel del Ministerio de Energía y Minas, incluida Arrobo, suprimieron y deshicieron advertencias y alertas sobre la situación del sistema energético nacional.
El comunicado presidencial ha denunciado actos de corrupción y negligencia, señalando que los cortes de energía no solo fueron causados por condiciones ambientales adversas, sino también por acciones indebidas de funcionarios públicos. Los embalses de las represas de Mazar y Paute se encuentran en condiciones críticas, con niveles de almacenamiento operativo cercanos al 0%, y se prevé un déficit energético significativo en los próximos meses.
En este contexto tenso, Ecuador se prepara para un referéndum propuesto por el Ejecutivo sobre reformas en seguridad, justicia y empleo, lo que agrega una capa adicional de incertidumbre política y social en el país. La situación energética y las acusaciones de corrupción plantean desafíos significativos para el gobierno y la estabilidad del país en su conjunto.
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