De terror la iniciativa de los diputados Ignacio Mier y Angélica Cisneros, de Morena, para expropiar (apoderarse de) los ahorros del retiro y de vivienda de trabajadores mayores de 70 afiliados al IMSS y de 75 años en ISSSTE y pasar estos recursos al nuevo Fondo de Bienestar y cumplir la propuesta presidencial, garantizar que los trabajadores que ganen menos del promedio salarial afiliados al IMSS se jubilen con el 100% del salario de su último trabajo.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 4 de abril busca reformar disposiciones de leyes del Seguro Social, ISSSTE, Sistemas de Ahorro para el Retiro; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; decreto que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Parece robo pues la sustracción se aplica a cuentas con dueño, los trabajadores.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), aseguró que es de preocupación en el sector pues la iniciativa no tomó en cuenta a la Amafore, a autoridades financieras, expertos en pensiones ni a trabajadores. Es una medida unilateral sobre bienes de terceros.
De ser aprobada, violaría un derecho imprescriptible, el acceso del trabajador a su ahorro. Un absurdo es que los recursos son insuficientes para cubrir la propuesta de 100% de jubilación para los trabajadores que ganen menos del promedio salarial afiliados al IMSS, inferior a los $18,000. De acuerdo con la Amafore, hay entre $30,000 y $40,000 millones en cuentas activas e inactivas de adultos de 70 años.
Los legisladores de Morena anhelan dar 40 mil billones de los trabajadores en sus fondos para el retiro y entregarlos al presidente López. El golpe anticonstitucional establece que los trabajadores que coticen en IMSS e ISSSTE perderán el control sobre su dinero al pasar al denominado Fondo Bienestar.
La iniciativa de Morena, Ignacio Mier, no aporta argumentos objetivos pues según ellos, sólo tratan de evitar la pobreza en la vejez. La iniciativa se formuló para que el derechohabiente se enfrente al Estado si quiere seguir teniendo acceso a sus recursos. Una medida totalitaria.
Se busca por una ley secundaria que el gobierno tome el dinero de las personas y usarlo. Un robo bajo protección legal. Supuestamente se establecen candados para que el gobierno no pueda usar estos recursos, pero son ambiguos y una vez en poder presidencial, el ejercicio de ese dinero se suma a la característica opacidad conque el presidente López utiliza el dinero nacional.
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