Mientras que la Ciudad de México vive una crisis por desabasto de agua potable, no está tipificado el robo de este recurso en el Código Penal local.
La diputada local Luisa Gutiérrez presentó en marzo una iniciativa para que se reforme y se incluya el tipo penal de esta acción ilícita.
Lo que estamos buscando con esta iniciativa es que exista ya en el Código Penal para el Distrito Federal el tipo penal del huachicoleo, que es cuando una persona de manera ilegal sustrae agua de la infraestructura pública”, dijo en entrevista.
La propuesta, detalló la panista, es para reformar el delito de robo de fluidos que actualmente configura la Fiscalía capitalina –en el que se incluyen hidrocarburos y electricidad–; asimismo, estima una pena mínima de seis meses a dos años y una máxima de cinco a 10 años.
Agregó que el proyecto incluye la reparación de los ductos que son dañados para efectuar el robo del agua mediante una toma clandestina, a lo que se le ha denominado huachicoleo.
La especificación es que tenga que ser el agua, y también todo el entramado que implica de la red primaria y la red secundaria de su infraestructura (porque) se termina generando un daño específico a ésta y no se arregla”, mencionó.
Gutiérrez dijo que la iniciativa se analiza en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.
En la actualidad, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México prevé sanciones administrativas contra quien manipule la instalación hidráulica; la multa puede ir desde los 18 mil hasta los 37 mil pesos.
Rosendo Gómez, experto en temas legales, consideró que el robo de agua debe ser tipificado, ya que si bien este recurso natural es un derecho humano, hurtarlo debe ser castigado como cualquier otro robo.
Actualmente (hay una) sanción administrativa y mientras no entendamos la diferencia entre lo administrativo y lo penal, vamos a seguir creyendo que con una sanción administrativa es suficiente”, advirtió.
Alejandro Martínez, especialista en temas de seguridad, acotó que la razón por la cual el agua y los hidrocarburos están previstos en el mismo delito es porque se suministran en ductos de una red pública o privada.
En enero pasado, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció una estrategia para enfrentar el “huachicoleo de agua potable”; entre las propuestas estaba enviar una reforma para que se tipifique la extracción clandestina de agua y que se castigue con hasta ocho años de cárcel.
En febrero, Excélsior informó que entre marzo de 2023 y enero de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desmanteló cuatro tomas clandestinas de agua potable; dos semanas más tarde, las autoridades admitieron que había otras tres.
Datos de la Fiscalía local, obtenidos mediante solicitudes de transparencia, indican que en dos años se iniciaron 112 carpetas de investigación por el delito de robo de fluidos.
En 2022 se abrieron 60 expedientes, mientras que un año después fueron 52. Del total, 49% se concentran en tres alcaldías: Tlalpan con 23, Iztapalapa con 17 y Cuauhtémoc con 15.
Respecto al desglose sobre el tipo de fluido, la autoridad respondió que no cuenta con él, por lo que desconoce cuántas pesquisas serían por agua potable.
No obstante, fuentes de la FGJ estimaron que seis de cada 10 indagatorias por robo de fluidos son por agua.
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