La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, organizó el foro Prohibición de la maternidad subrogada mediante cualquier modalidad o acuerdo, en donde señaló que es una práctica que, ante la falta de regulación adecuada, se ha multiplicado en varias entidades del país y constituye una nueva modalidad de trata de personas.
Indicó que hoy inician las actividades programadas por el Grupo de Igualdad Sustantiva en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Las diputadas han impulsado una agenda proactiva para fortalecer el análisis de problemáticas sensibles para las mujeres; por ello, se organizó este foro”.
Por su parte, la activista feminista Nuria González López abordó las “Causas y consecuencias de los vientres de alquiler, una visión global”, y dijo que “México está en riesgo de convertirse en el útero del mundo, por eso es necesario promover leyes que prohíban definitivamente el alquiler de vientres en cualquiera de sus formas, pues se encuentra en la mira de todas las empresas de explotación reproductiva”.
Alcalá Ruiz dijo que existe mucha información sobre este tema y es necesario conocer el análisis y conclusiones de especialistas para enriquecer las propuestas e iniciativas y avanzar en una legislación que prohíba la gestación subrogada. “Los resultados de esta mañana marcan el inicio de una etapa que debe fortalecer la protección de los derechos de las mujeres con experiencias y propuestas de la academia y la sociedad civil.
Afirmó que los avances hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres “se ven opacados” por las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia sistemática hacia las mujeres, que posibilita que sean víctimas de otras formas explotación, como los vientres de alquiler y la entrega de recién nacidos a cambio de una remuneración económica y no hay “un marco legal e institucional que las proteja de manera eficaz”.
Esta práctica, tal como existe hoy, ha ocasionado que en algunos estados la legislación la permita, pero hay vacíos que ponen en grave condición de vulnerabilidad a las mexicanas. “La responsabilidad de esta Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad no podrá concluirse sin abordar de manera seria y profunda este tema que afecta a numerosas mujeres”.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación ante las nuevas formas de explotación de las mujeres, como la reproductiva y la comercialización de niñas y niños.
Apuntó que este encuentro constituye una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al avance de este tema no sólo para México, sino para toda Latinoamérica. “recogeremos las aportaciones para que las iniciativas estén más motivadas y fundamentadas”.
Destacó la importancia de que los trabajos se enfoquen en la gestación subrogada, referida en unos casos como la comercialización del cuerpo humano, los llamados “vientres de alquiler”, actividad que está expresamente prohibida en países como España e Italia, y los que la permiten, como Canadá y Reino Unido.
Refirió que la UNICEF ha advertido que las niñas y los niños que nacen por este procedimiento corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, como a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la salud, a las relaciones familiares y acceso a sus orígenes, y el derecho a no ser vendidos.
La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) exhortó a tomar conciencia sobre este tema y ver “qué podemos hacer como legisladores para que México no sirva para explotar este delito y haya legislación aplicable que regule este grave problema. “Esta Legislatura debe comprometerse a sacar una ley que proteja y detenga este delito”.
Mencionó que en Tabasco y Sinaloa los códigos civiles permiten esta actividad y han coludido las leyes del notariado para autorizar contratos privados que establece cláusulas para el alquiler de un útero y la entrega de la o el recién nacido. “Es como autorizar a las personas que generen vida y que puedan ser explotados y ahí mismo se configura el delito de trata de personas”.
La diputada Gabriela Sodi (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que no se trata de legislar ni de regular un tema, sino de prohibir esta actividad y considerarla un delito, pues es una forma de explotación.
“No vamos a permitir que las mujeres sigamos siendo objetos, porque nos ha costado mucho dejar de ser vasos utilizables”. Expresó que no se debe cambiar en la ley el término “mujeres” por el de personas, ya que “no somos personas gestantes o personas lactantes”.
Participación de especialistas
En el tema “Los derechos humanos y la llamada subrogación”, Beatriz Cosío Nava, activista por los derechos de las mujeres, afirmó que la agenda feminista no contempla legalizar la maternidad subrogada. Se pronunció por promulgar leyes que protejan los derechos de las mujeres, y adoptar medidas para impedir la venta y trata de niñas y niños.
Al exponer el tema, “¿Qué pasa en Tabasco a partir de la legalización de vientres de alquiler?”, Keith López Nares, jefa de Redacción de la revista “Las Libres”, externó que, en 1997, ese fue el primer estado en legislar a favor de esta práctica, sin discutir las consecuencias. “A la fecha no se sabe cuántos niñas y niños nacieron, a quiénes se vendieron, si están vivos o hacia qué país se los llevaron, lo que demuestra la irresponsabilidad con la que se manejó el tema y la deshumanización de las mujeres tabasqueñas”.
La activista feminista Nuria González López abordó las “Causas y consecuencias de los vientres de alquiler, una visión global”, y dijo que “México está en riesgo de convertirse en el útero del mundo, por eso es necesario promover leyes que prohíban definitivamente el alquiler de vientres en cualquiera de sus formas, pues se encuentra en la mira de todas las empresas de explotación reproductiva”.
La activista Cinthya Fernanda Acosta Sánchez se refirió al tema de los vientres de alquiler y la ley en México. Señaló que esta actividad que representa la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés por contrato mercantil, realizada por organizaciones en un negocio multimillonario que hará de México el paraíso de la explotación reproductiva. Planteó modificar la legislación para tipificar ese delito y castigar a quienes participen.
Patricia Olamendi Torres, creadora de la “Red Nosotras Tenemos otros Datos”, aseveró que urge una legislación que prohíba tajantemente estas formas de explotación reproductiva. Las iniciativas están aquí, dijo, ustedes las han presentado y todas son valiosas. “Saquemos una, la que ponga fin a la explotación de los cuerpos de las mujeres y lograr una reforma en materia de trata que ponga fin a la a barbarie de los contratos para vender seres humanos”.
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