Según el censo de 2020 la población de Tamaulipas es de 3 527 735 personas. De ellas el 16% (578 mil) tienen alguna limitación física o mental, que incluye a 170 mil (5%) con discapacidad. Muchos de ellos hacen su vida con aparatos de apoyo funcional; pero por lo menos 35 mil dependen enteramente de sus cuidadores que generalmente son sus madres, hermanas o esposas.
De inmediato es evidente que, los tamaulipecos con limitaciones y discapacidad no son minoría, sino un grupo que rápidamente se incrementa, sobre todo si tomamos en cuenta el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en que se encuentra el estado.
En ello radica la prioridad que deben tener como población objetivo de las políticas públicas. Pero, además por la transversalidad de sus necesidades, no bastan las políticas asistencialistas, pues se requieren involucrar a las sociales, económicas, laborales, políticas y culturales.
De su apropiada, integral y eficaz atención depende que se conviertan en un activo para el desarrollo sostenible, inclusivo y humano, presente y futuro de Tamaulipas.
Así lo ha reconocido el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2023-2028, que ha dispuesto líneas de acción para la conducción de las políticas sectoriales e institucionales, que requieren los tamaulipecos con discapacidad y sus familias.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) representa un cambio de paradigma en cuanto al abordaje de la discapacidad e incorpora un modelo social basado en los derechos humanos.
México firmó desde 2007 la CDPD.
Este tratado internacional fue incorporado a nuestra constitución, con lo cual nuestro país adoptó el paradigma del modelo social basado en los derechos humanos, para el abordaje de la discapacidad.
En ese sentido se estableció en el año 2011, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS).
Debido a que la discapacidad es un tema de política social, con enfoque de derechos humanos, en 2013, el CONADIS fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL.
En Tamaulipas, desde 1997 se publicó la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, que fue abrogada en 2016 para ser substituida por la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, con disposiciones más armonizadas con el modelo social de la Convención internacional .
Esta Ley dispuso la creación del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) como órgano para la formulación y coordinación de la implementación de políticas públicas en esta materia.
También dispuso la construcción de la Red de Seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad como el mecanismo con el cual las personas con discapacidad, puedan participar en todo el proceso de elaboración, implementación de las políticas a su favor. Finalmente, estableció que, para cotar con este mecanismo a nivel municipal, se debe crear una oficina de implementación y coordinación municipal.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se creó en 1994, fue hasta el 2016 que, las comisiones de derechos humanos en los estados, constituyeron el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional (MIMN), de acuerdo a los dispuesto por el artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a fin de promover, proteger y supervisar el cumplimiento a nivel local de dicha Convención.
Fue en este marco que el pasado martes 20 de febrero la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), presidida por la Lic. Olivia Lemus, efectuó una ceremonia solemne para la reinstalación del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal Independiente sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre los invitados de honor estuvieron el Dr. Eliseo Guajardo Ramos, Director Ejecutivo del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención por parte de la CNDH, el Lic. Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, Secretario Ejecutivo de SIPRODDIS estatal y funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. responsables de Educación especial.
Para dotar de un carácter independiente a este Consejo, en su conformación se integraron representantes de la sociedad civil, academia, instituciones públicas y personas con discapacidad.
Tomaron protesta el Mtro. Rubén David Soto Zarate, Mtra. Martha Ruth Reyes Walle, Dra. Laura Elena Gaither Jiménez, Psicóloga, Lic. José Juan Sáenz Sauceda, Dr. Gerardo Rodrigo Flores Mendiola, Lic. Alexia Xunaxi Gamundi Villarreal, Mtra. Norma Lysette Quiroga Álvarez, Lic. Karina Yaneth Ríos Villarreal, Neuropsicologa.
La Lic. Lemus reconoció la capacidad, experiencia y compromiso de los nuevos integrantes ciudadanos del Consejo Técnico, lo cual aseguró que, es garantía del alto desempeño que tendrá este órgano de monitoreo.
Enfatizó también que “la mera existencia de la convención no es suficiente” para la inclusión de las personas con discapacidad, porque para “su implementación efectiva se requiere del compromiso y la acción conjunta de todos”. Su llamado fue a la participación y acción colectiva.
Así con este acto simbólico para reinstalar el Consejo Técnico, se dio en Tamaulipas un paso más hacia la inclusión plena de los tamaulipecos con discapacidad, con la promoción y defensa de sus derechos humanos, que permita eliminar de manera efectiva, las barreras que limitan o impiden su desarrollo.
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