Luego que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), denunciara al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y colaboradores, por desvió de recursos, Úrsula Salazar Mojica, señaló que los hoy imputados, se coaligaron para mentir al Congreso y poder sostener sus fechorías.
La presidenta de la Junta de Gobierno, en entrevista, refirió que en el 2016, la Federación, el Estado y la UAT, suscriben un convenio a fin de proporcionar un subsidio a la Universidad para cumplir con sus funciones académicas, y para ello, el estado debía aportar mil 650 millones 739 mil 222 pesos, de los que, al 19 de abril de ese año, se debían 191 millones 773 mil 749 pesos.
“Convenientemente, el ex rector Guillermo Mendoza Cavazos, solicitó a Cabeza de Vaca, un inmueble en donación en el municipio de Reynosa, para construir un campus universitario, lo cual se iba a considerar como una aportación parcial a la deuda con la universidad.
“Sin embargo, el avalúo fue exageradamente inflado, por lo que la iniciativa presentada en su momento al Congreso para autorizar esta donación, fue una total simulación”, expresó.
Los montos -abundó-, que según el estado le debía a la universidad, no corresponden con la cantidad real. Así es como los hoy imputados se coaligaron para mentir a la representación popular y, por ende, a todo el pueblo de Tamaulipas.
Precisó que la bancada de Morena, autorizó esa donación, porque como legisladoras y legisladores, siempre van a apoyar aquellas acciones que velen e incentiven el desarrollo y preparación profesional de quienes buscan tener una carrera universitaria.
“Este Poder Legislativo, confió en las supuestas buenas intenciones del entonces Secretario General de Gobierno y el de Administración, por lo que la votación correspondió a un acto de buena fe, sin tener forma de confirmar que dentro del expediente había documentos y datos falsos, partiendo del hecho que el avalúo es un documento oficial, expedido por un perito”, aseveró
El exgobernador, debe explicar el destino de todos los recursos que omitió entregar a la UAT, “pues no hay, en ningún lado, actos administrativos que justifiquen a dónde desvió alrededor de 170 millones de pesos”.
“Señalamos que la representación popular estará pendiente de las investigaciones de las autoridades ministeriales, para que se esclarezca plenamente los hechos denunciados por la actual administración universitaria y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes”, acotó.
Adicionalmente de manera formal, solicitaremos información a la UAT, para conocer los términos exactos en que se presentó esta denuncia y, como poder, actuar en consecuencia.
De igual manera, se solicitará a la ASE, la revisión puntual de este tema, a efecto de que se analice la cuenta pública de dicho ejercicio fiscal, con el propósito de acreditar la existencia de responsabilidades y de sanciones en materia de rendición de cuentas, puntualizó, Salazar Mojica.
Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno.
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