Baja California, 9 de febrero 2024.- En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Gobierno está obligado a revelar los precios pagados por compras de emergencia de energía eléctrica en Baja California. Esta resolución, que marca un precedente en materia de transparencia y contrataciones públicas, fue alcanzada con ocho votos a favor y tres en contra, tras el rechazo de un recurso presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
La orden de la Corte surge como respuesta a una impugnación de la CJEF contra una disposición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) emitida en marzo de 2023, que exigía al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) revelar los precios de seis contratos de compra de potencia firmados en 2022 en Baja California, bajo protocolos de emergencia. A pesar de la resistencia del Gobierno, la Corte determinó que la divulgación de estos precios no representa una amenaza a la seguridad nacional, como había argumentado la CJEF.
El Ministro Luis María Aguilar afirmó que la revelación de los precios no compromete la integridad del sistema eléctrico y destacó la importancia de la transparencia en contrataciones públicas. Otros ministros, como Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara, resaltaron que la publicidad de los precios puede promover la competencia económica y garantizar mejores ofertas para el Cenace en el futuro.
La mayoría de la Corte desvinculó esta decisión de la anterior relacionada con la reserva de datos de la compra de vacunas contra el Covid-19, subrayando que se trató de una situación excepcional de salud pública. En contraste, el fallo actual se basa en la necesidad de promover la transparencia en contrataciones públicas y cumplir con los principios de máxima publicidad establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica y las normas del mercado mayorista.
Con esta determinación, la Corte refuerza el derecho de acceso a la información y establece un precedente clave para la rendición de cuentas en el ámbito energético, al tiempo que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
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