Ciudad de México, 2 de enero 2024.- En un intento de fortalecer la protección de los derechos de los menores en México, la diputada Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una propuesta para reformar el Código Penal Federal. La iniciativa busca considerar como abandono el incumplimiento consecutivo o intermitente por más de 60 días de las obligaciones alimentarias que la ley determina de un padre hacia sus hijos e hijas.
La legisladora propone enmendar el artículo 336 del Código Penal Federal para imponer sanciones más severas a aquellos padres que no cumplan con sus obligaciones alimentarias. Según la propuesta, las penas podrían llegar hasta cinco años de prisión por los daños ocasionados al menor, estableciendo también la posibilidad de multas y privación de los derechos de familia.
La diputada Corona Nakamura destacó la importancia de proteger el derecho de los menores a recibir sus alimentos en tiempo y forma, subrayando que esto no solo resguarda la estabilidad económica y emocional de la madre, sino también de la familia en su conjunto.
En su comunicado, la diputada hizo hincapié en la creciente tendencia de padres que se desentienden de sus obligaciones alimentarias, a veces incluso ignorando mandatos judiciales. Señaló que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tres de cada cuatro menores de edad en el país no reciben la pensión alimenticia que les corresponde por derecho.
En el período comprendido entre enero y agosto de 2021, se registraron 15,495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La diputada lamentó la falta de mecanismos eficientes y eficaces para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, así como la ausencia de disposiciones legales contundentes para sancionar los casos de incumplimiento.
La propuesta de reforma al artículo 336 plantea que aquel que abandone a sus hijos sin motivo justificado o eluda el cumplimiento consecutivo o intermitente por más de 60 días de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley enfrentará penas de uno a cinco años de prisión, multas de 180 a 360 días, privación de los derechos de familia y el pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.
La diputada argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar que los menores reciban el apoyo económico necesario para su correcto desarrollo integral y para disuadir a aquellos padres que eluden sus responsabilidades alimentarias. La propuesta ahora espera el escrutinio y debate en el ámbito legislativo, donde se evaluará su viabilidad y posibles modificaciones.
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