En los años 80’s, la cultura del management impulsada por la ideología del neoliberalismo, en la nueva gestión y en las políticas laborales, difundió el lema de que, “nadie es indispensable”.
Con esta la premisa, se logró poner en el programa mental de los líderes, gerentes y sobre todo de los trabajadores asalariados, que pese a todo el esfuerzo y sacrificio que pusieran en el desempeño de sus tareas dentro de una organización, el mercado laboral y la alta jerarquía, siempre tendría una pieza de repuesto, para sustituirlo.
Siendo así, la única opción era esforzarse al límite, sin seguridad de ser conservado y recompensado. Una vida humana, cercana a la que el filósofo existencialista Sartre, en un sentido más universal, describió como “pasión inútil”
Lo contrario a este concepto es que, todos y cada uno de los seres humanos somos únicos, irrepetibles y por lo tanto imprescindibles. Nadie sobra, todos son indispensables, merecen y tienen derecho a una vida digna ¿Quién puede afirmar con certeza que una persona cualquiera entre los miles de millones que pueblan la tierra, no pueda impactar radicalmente el curso de la historia del mundo?
El Papa Francisco, criticando lo que llama, la cultura de lo descartable, se lamenta que, en el mundo actual la vida humana de una persona ya no se percibe como un valor primordial que se respeta y protege, sobre todo cuando se trata de los más vulnerables o “descartables” como los pobres, ancianos, personas con discapacidad o los migrantes.
¿Un mundo con recursos naturales sobrexplotados y sobrepoblado, con más de 8 mil millones de personas, puede ser viable, cuando sus “descartables” aumentan año con año?
Por cuatro años consecutivos se han incrementado las personas con hambre. Al terminar 2023 suman ya 250 millones. Más de 1 mil cien millones de personas en el mundo viven en pobreza multidimensional aguda. Otro 15% (1200 millones) padece alguna discapacidad. Además, mil millones son adultos mayores. En todos estos grupos, las mujeres son las más afectadas.
Según los organismos internacionales, el 2020 fue el año del cierre del mundo debido a la por la pandemia de COVID-19; el 2021, del desplome económico; el 2022, de la incertidumbre y el de 2023, de la desigualdad: el 1% más rico de la población incrementó su capital, mientras que el 40% más pobre obtuvo menos del 25% de los ingresos.
Por esta razón, se puede considerar que la desigualdad es la característica distintiva del siglo XXI.
Por ahora, los datos duros no dan indicios de que esta situación mundial mejore, pues hay tendencia creciente de la pobreza, el hambre, la deuda externa, la migración, el precio de los alimentos, el de los energéticos y la desigualdad. Y por otra parte, la recuperación económica y el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero avanza lentamente.
Ante este panorama, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos que han trabajado para promover la instauración del neoliberalismo en las naciones en desarrollo, a través de drásticas reformas estructurales, prometen ahora estar a favor de la “creación de un mundo sin pobreza en un planeta habitable”. ¿Les podemos creer?
Por lo pronto la Agenda 2030, estableció como su Objetivo No1, poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. La meta es reducirla en menos del 50%, para el año 2030.
La India ha demostrado que con políticas publicas apropiadas es posible vencer la pobreza, pues en los últimos 15 años sacó de esa situación a 415 millones de personas. Por su parte China rescato 69 millones de la pobreza, Indonesia 8 y México a 5.1 millones entre 2018 y 2022. NO hay duda que el poner en primero lugar a los pobres es una política efectiva.
Hoy, en el marco jurídico internacional, a partir de la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, se reconoce a la dignidad de la persona, como el valor básico que debe ser protegido de todo tipo de vejámenes y discriminación por el Estado, a fin de que cada ser humano alcance su desarrollo pleno.
Desde este punto de vista, la persona es el valor jurídico supremo, independientemente de su edad, género, nivel social, condición física, mental o cualquier otra consideración. Las personas no deben considerarse medio, instrumento u objeto, para el logro de fines de otros, sino son siempre, un fin en sí misma, como sujeto del ejercicio de sus derechos.
Sin embargo, la realidad en el mundo dista de ese ideal. El informe 2023 de Human Right Whatch concluyó que desde 2022 se ha agudizado la crisis mundial de los derechos humanos en la que los gobiernos responsables de su protección y garantía, mantienen una doble retórica de defensa y tolerancia a su violación.
Asimismo, aunque se asume que, los derechos humanos son la esencia de la democracia, la investigación empírica sobre la implementación práctica de los derechos humanos en alrededor de 150 estados democráticos, encontró que, si no hay cambios estructurales en la sociedad y sus instituciones, para garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, no se logra un impacto real en reducir su violación.
Es decir, una democracia que se reduce a lo formal y a lo electoral, no garantiza la vigencia de los derechos humanos, que además de contemplar los derechos civiles y políticos, se extiendan a los económicos, sociales, culturales y ambientales.
Así la democracia liberal, sobre todo la libertaria, a la manera que la asume el nuevo presidente de argentina Milei, que considera que el deber principal del Estado es “no interferir” y que, desde el concepto de libertad negativa, se enfoca básicamente en las libertades individuales, sobre las colectivas, genera un desbalance ante las fuerzas del mercado, que termina por reducir o anular la libertad sustantiva, produciendo grupos sociales vulnerables o “descartables”.
En el otro extremo, la democracia republicana considera, desde un concepto de libertad igualitaria, que el deber del estado es crear condiciones para igualar capacidades, a partir del reconocimiento e intervención ante la existencia de desigualdades económicas y de poder, a fin de que efectivamente las personas vulnerables o con desventaja puedan autodeterminarse en igualdad de oportunidades. Esto sería una verdadera democracia fundada en la vigencia de los derechos humanos, en que, estado y mercado guardan relaciones armónicas que permiten el logro del bien común y el beneficio económico.
Una visión ingenua asume que esto es fácil de lograr con el simple ejercicio del derecho; una pesimista, que el conflicto es inevitable y que alguna de las dos partes (estado o mercado) tendrá que imponerse y una realista, que es posible madurar una democracia real en la que rijan los derechos humanos integrales (DESCA), a condición de poner en práctica de manera constante, el dialogo, la negociación, la participación de todos los grupos involucrados y el ajuste estructural cada vez que sea necesario.
Este es el reto que México y Tamaulipas tienen para este 2024: seguir avanzando en la consolidación de su sistema democrático, en la vigencia de los derechos humanos, en su macroeconomía y sobre todo en el bienestar concreto y cotidiano de los mexicanos y sus familias.
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