Ciudad Victoria, Tamaulipas (28 de junio de 2023).- Ante el pleno legislativo, se presenta iniciativa que tiene por objeto expedir la Ley de Comunicación Social para el Estado de Tamaulipas, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 161 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, a fin de regular todo lo relacionado a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social.
Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, legisladora local panista, sostiene en su exposición de motivos que la comunicación es un mecanismo fundamental para la materialización de derechos como la libre expresión y el acceso a información veraz y diversa en una sociedad democrática; no obstante, históricamente, la comunicación social de las instituciones públicas ha sido manejada de manera tendenciosa y usada indiscriminadamente como un mecanismo de promoción política por diferentes actores, lo que ha generado desigualdades y graves amenazas a la democracia.
La presente iniciativa tiene por objeto expedir la Ley de Comunicación Social y, de esta manera, establecer un marco legal que garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión y promueva el pluralismo, la diversidad y la calidad en los medios de comunicación sin provocar afectaciones a la vida democrática, indicó.
Expresó que la iniciativa de Ley que nos ocupa establece, entre otras cosas, medidas para evitar la concentración de los medios de comunicación, la transparencia en la propiedad y los procesos de selección de contenidos, así como la creación de un organismo regulador que supervise el cumplimiento de los estándares éticos y garantice la protección de los derechos humanos.
En definitiva, la expedición de esta Ley de Comunicación Social será un paso importante hacia una sociedad tamaulipeca más justa e informada, donde la libertad de expresión y el acceso a la información sean una realidad para todas y todos los tamaulipecos, afirmó Sanmiguel Sánchez.
Así también se garantizará que de ninguna manera se aprovechen técnicas de imagen institucional para beneficiar a ciertos servidores públicos o partidos políticos, ni que se utilicen los colores partidistas en obras o instalaciones públicas bajo el pretexto de “embellecerlas”, cuando en realidad se busca obtener ventajas políticas.
Un claro ejemplo de lo anterior, lo podemos observar cada cambio de administración, donde es evidente el gran gasto destinado a personalizar con la identidad visual de la nueva administración, establecer sus características y estilos, y posicionar la imagen de los gobernantes e incluso del partido político al que pertenecen. Para lograrlo se utilizan colores, eslogan, imágenes, logotipos, mensajes, entre otros recursos, sin escatimar en el uso de los recursos públicos disponibles.
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