¿Dilema?

Tengo la certeza de que nadie pensó sobre el conflicto -hasta académico- que
generaría la ‘sugerencia’ del ejecutivo federal a un cargo determinado para una persona de
sus simpatías e intereses, como el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por cierto,
todavía en funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (S. C. J. N.)

Independientemente de la autonomía de poderes en el país, la realidad sigue siendo la
misma: es la voluntad presidencial la que subsiste en el sistema político-jurídico de nuestro
país.

Los dictámenes sobre el plagio de la tesis de la estudiante entonces, Esquivel Mossa
fueron categóricamente contundentes, pese al enojo del originario de Macuspana, Tab., por
lo que la plagiaria no llegó a la presidencia de la S.C.J.N.

En el histórico y político episodio de la 4T, el capítulo siguiente es la anulación del
título de licenciatura que fue mal obtenido, aunque la incógnita no solo legal, sino política,
es identificar el brazo ejecutor.

Aclaro no ser abogado, pero sí gustoso leer, analizar, reflexionar y opinar; por lo que
parto del hecho de que un título lo otorga la institución con estudios reconocidos por el
gobierno federal, en este caso: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque… la Secretaría de Educación Pública (SEP) valida con sus sellos y firmas
registradas el documento. Sin éstos el título es nulo.

Lo difícil es buscar el marco legal vigente en la época de los hechos, en ambas
instituciones (UNAM-SEP), para saber si existía el hecho como delito y la sanción a lugar
para proceder por consecuencia.

Lamentablemente en el contexto político no ha habido comunicación entre las
instituciones y hasta el presidente López formuló acusaciones contra el Rector de la
UNAM, Enrique Graue, por no actuar.

La SEP de Leticia Ramírez Amaya, dice sobre el dictamen de la FES-Aragón y las
instancias que deben ‘valorar’ el siguiente paso, aunque la rectoría u otra instancia no lo
han hecho. Si la UNAM considera la presunción de un ilícito, entonces debe presentar una
denuncia ante ministerio público o ‘autoridad jurisdiccional’.

¿Voy bien o me regreso?

En temas tamaulipecos no falta mucho para que la industria del plástico reinicie sus
‘ofertas’ de tinacos para almacenamiento de agua, puesto que con las bajas temperaturas el
agua tuvo una disminución en el uso y consumo.

Las empresas revendedoras de tinacos o depósitos de agua, esperan que con el
anuncio de la reducción en el suministro de agua dará paso a la temporada de estiaje, por lo
que la clientela aumentará y los contratos con las autoridades municipales, estatales y
federales podrán establecerse para obsequiarlos o subrogarlos a la población.

En este sentido, caben las declaraciones de la titular de la secretaría de Bienestar
Victoria, Lorena Zapata Medina, que comentó “…hubo personas que solicitaron un tinaco
para agua y pese al esfuerzo financiero del ayuntamiento, nunca pasaron por él…”

La práctica del tandeo -bien llevado- incluso permite una reeducación ciudadana para
el uso correcto y adecuado del agua, lo que permite preparar a la población por la crisis que
se vive en abasto de agua.

No se limita la responsabilidad de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (COMAPA) puesto que de nada servirá que todos los ciudadanos del estado
o el municipio tengan tinaco si no hay con qué llenarlos.

Sería interesante saber cuánto se ha invertido en la compra de tinacos subsidiados,
además del número de familias beneficiadas. Además, cuál es el presupuesto específico
para este programa en 2023. No sea que al cuadrar números haya más tinacos donados que
habitantes.

La titular de la secretaría de Bienestar Victoria, Zapata Medina, asegura que un tinaco
subsidiado cuesta 2 mil 190 de mil 100 litros marca Rotoplax. En Mercado Libre los
precios varían desde 700 pesos hasta más de 7 mil, depende las capas, herrajes o accesorios,
modelos, etc.

En este último renglón cabe la pregunta irónica ¿El desabasto de agua en el municipio
puede interpretarse como negocio?.