La elección de gobernador en Tamaulipas está entrando en un «túnel de una mina de carbón» del que todos saldrán tiznados.
Lo que debiera ser una fiesta cívica de la democracia, en la que quien defina es la ciudadanía, se está convirtiendo en un duelo de poderes estatal y federal.
Las instancias que deben ser garante de tranquilidad y paz para que los electores acudan a las urnas, son las catalizadoras de la confrontación y violencia política.
La activación de los aparatos de justicia local y nacional, para frenar a los operadores políticos de una y otra alianzas políticas encabezadas por el PAN y Morena, cobran ya sus primeras víctimas.
Y si las autoridades electorales IETAM e INE no son capaces de poner un alto a esas intervenciones tan evidentes, la contienda del domingo 5 de junio puede derivar en una «batalla campal».
Los encumbrados del momento en los montículos del poder local y federal, deben entender que lo mejor es dejar en libertad a la comunidad tamaulipeca para que defina entre las tres opciones registradas.
Américo Villarreal Anaya, de la coalición Morena-PT-PVEM.
Arturo Diez Gutiérrez Navarro, del Partido Movimiento Ciudadano.
Y César Augusto Verástegui Ostos, de la Alianza PAN-PRI-PRD.
Escritos en estricto orden alfabético, como debe ser, sin ninguna preferencia.
Pretender forzar un resultado por la vía de la compra del voto, de la presión e intimidación, del terror o la amenaza, del condicionamiento de estímulos, subsidios o programas de apoyo, y lo más lamentable, de la persecución judicial, es un insulto a la voluntad popular, a los tamaulipecos.
El poder no se hereda ni se entrega como estafeta al amigo, compañero de partido, aliado, súbdito o cómplice.
Tampoco se puede imponer desde el centro de la república,
Los partidos y grupos políticos tienen que limitarse a lo que establecen las leyes electorales y la constitución, a fin de que la población registrada en el padrón electoral tome su decisión.
El enrarecimiento del ambiente en el contexto de la recta final de la contienda, por procesos judiciales en contra de actores de uno y otro grupo político, es un atentado a la democracia.
Una sociedad madura y avanzada no puede ni debe permitir esas incursiones.
La autoridad electoral debe tener la estatura política, moral y jurídica para llamar al orden constitucional y que el proceso fluya sin ese tipo de presiones.
Sobran las carpetas de investigación ministerial, la reapertura de procesos judiciales, la fabricación de delitos, para neutralizar a los adversarios. Deben estar al margen el especialista Irving Barrios Mojica y Alejandro Gertz Manero, quien «no canta mal las rancheras».
El poder ciudadano debe respetarse, tiene que estar por encima de intereses personales, de grupos de poder, de poderes fácticos, pues de ello depende la gobernabilidad.
Torcer la elección con los abusos de uno u otro lado, es no entender que la política es servicio no para servirse; que tiene plazos perentorios y no es eterna; que los ciclos inician y terminan; que es facultad del pueblo premiar la continuidad o castigar con la alternancia.
En la arena política deben estar los candidatos y sus partidos, no los Fiscales de Justicia del Estado o la Federación y los jueces estatales o centrales.
Ni Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ni Andrés Manuel López Obrador, deben seguir ese juego de vencidas.
Pero si continúan por ese camino, quien perderá será el pueblo.
Y de paso quien se corone como gobernador en un proceso viciado y violentado por enfermizos entes de poder circunstancial.
De paso le restarán legitimidad y autoridad moral a quien resulte ganador.
Así es que lo mejor es.
Fuera manos del gobierno federal en el proceso electoral de Tamaulipas.
Y fuera manos, pies y cuernos del gobierno estatal de los comicios.
Dejen que los tamaulipecos empadronados elijamos libremente.
Tengan la certeza que ante la pobreza de candidatos que nos presentaron sus partidos, una buena parte de los votos que lleguen a las urnas, serán de rechazo a los malos resultados del gobierno saliente de Tamaulipas, así como de condena a las vaciladas y locuras del gobierno central.
Que en la elección mande el voto ciudadano, no la presión partidista-gobiernista, y menos la represión o persecución ministerial y judicial.
El pueblo de Tamaulipas merece elegir a sus gobernantes.
Discussion about this post