CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE AGOSTO DE 2021.- Como parte de su interés por contribuir en la transformación del país, el Senado de la República favorece la constante actualización académica de sus legisladores como muestra de ello, este jueves los senadores Américo Villarreal, Nuvia Mayorga, Ovidio Peralta, Claudia Anaya y Kenia López fueron reconocidos por haber obtenido el grado de Doctor en Administración Pública.
Cabe reconocerles su interés y preocupación por continuar con su formación profesional, a fin de lograr una visión más amplia y detallada de conocimientos que les permitan elevar su capacidad de análisis de los asuntos públicos para orientar su ejercicio profesional en la práctica de la Administración Pública, la investigación y la docencia.
Junto con los senadores, también obtuvieron el grado de Doctor en la misma materia, el panista Juan Pablo Adame y Pablo André Gordillo Ontiveros, a quien puede observarse al lado del senador Ricardo Monreal y del exlegislador, Félix Salgado Macedonio.
El Doctorado, impartido y organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en conjunto con el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado, les permitirá a los hoy graduados desempeñarse con mayor eficiencia y eficacia en la investigación, diseño, dirección, ejecución y evaluación de los planes, programas, proyectos, y actividades y procesos de modernización en la Administración Pública Mexicana.
Hay que destacar que el programa de estudios del Doctorado en Administración Pública fue actualizado y adecuado a las transformaciones recientes que requiere el estudio y ejercicio de la gestión pública en México, así como a nivel internacional, en busca de encauzar de la manera más óptima, los esfuerzos orientados a la adopción de un nuevo modelo de dirección en las instituciones públicas para con ello elevar sustancialmente su eficacia y efectividad.
Todo ello teniendo como propósito incrementar la satisfacción de los ciudadanos y que recuperen la confianza en la acción gubernamental, reduciendo el costo de los gobiernos, elevando la efectividad de los programas, fomentando la rendición de cuentas a los ciudadanos, profesionalizando la administración y promoviendo la actuación ética de los servidores públicos.
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