La Elección más Importante

Durante muchos meses estuvimos escuchando por todos los medios que este 6 de Junio los
mexicanos estaríamos en el proceso electoral de mayor magnitud en la historia moderna de
nuestro país y que ante la importancia de tal evento era indispensable y urgente que
pensáramos muy bien sobre la elección que tomaríamos, porque de ella dependerían buenas o
malas consecuencias para nuestro futuro.

Por mi parte, cumplidamente me informé, revisé las propuestas de los candidatos, identifiqué
las que tenían que ver con las necesidades del país y particularmente las del grupo de población
que es objeto de mi interés personal, profesional y de trabajo periodístico: las Personas con
Discapacidad y con enfermedades crónicas.

De parte de los contendientes no hubo propuestas relevantes sobre este tema, pero lo peor fue
que en las respuestas que dieron en algunas entrevistas, demostraron un franco
desconocimiento, para no decir desinterés, de la problemática de este sector de mexicanos,
cuyo número no es nada irrelevante: 20 millones de Personas con Discapacidad y/o limitación
física o/y cognitiva para realizar actividades de la vida cotidiana o/y laboral.

Debemos sumar también a los casi 9 millones de mexicanos con diabetes, de los cuales cada
año mueren más de 104 mil. Pero este padecimiento es solo uno, de muchos que se han hecho
epidémicos entre nuestra población. Se trata de un paquete combinado de enfermedades
crónicas, degenerativas e incurables. La cifra seguirá aumentando porque 7 de cada 10
mexicanos presentan obesidad, que es el camino que conduce a esas enfermedades, las cuales
consumen vorazmente los recursos financieros de personas, familias, instituciones y del país.

No hay economía que pueda seguir soportando esta carga de enfermedad, sufrimiento y
muerte. Ni hay sistema de salud en el mundo que no colapse ante tal volumen de demanda de
atención y cuidado. Por ello el debate mediático-político de sí o no al INSABI o al Seguro
Popular, resulta insuficiente para comprender y afrontar el problema en toda su complejidad,
con el agravante de que desvía la atención de los aspectos más estructurales y trascendentes
que realmente determinan la calidad de vida de los mexicanos y la solvencia económica del
Estado para garantizarla.

Un ejemplo de la crónica falta de atención a esta problemática por parte del Estado mexicano,
independientemente del partido que esté en el gobierno, es que antes de 2018, México recibió
numerosas observaciones de la Comisión Especial de ONU encargada de evaluar el avance de la
implementación de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad
(CDPD) en cada país. De acuerdo a tal comisión y de los Informes Alternativos de organizaciones
de la sociedad civil como la COAMEX, el cumplimiento ha dejado muchos pendientes, que el
gobierno actual y los siguientes tendrán que atender con suficiencia.

Otro ejemplo de la falta de acción efectiva para atender las necesidades vitales de los mexicanos
con discapacidad es que el Comité Nacional Técnico Asesor para la Vacunación COVID-19,
sostuvo hasta el mes de abril de este año, que este grupo de población no estaba en un riesgo para la infección por el SARS-CoV-2 y la COVID-19 que justificara considerarlo prioritario para
incluirlo tempranamente en el Programa de Vacunación COVID-19.

Nunca se sabrá cuantas Personas con Discapacidad enfermaron y murieron por COVID-19 y sin estar vacunados,
sencillamente porque no hay un sistema de registro de esos eventos. En la práctica se les aplicó,
como desde hace décadas sucede, un proceso de invisibilización. Desafortunadamente, este
proceso fue facilitado y hecho más eficiente por el confinamiento domiciliario que debido a la
pandemia, se ha prolongado ya por 15 meses.

Por ello, tampoco se sabrá cuántas personas con Esclerosis Múltiple enfermaron y murieron por
falta de consulta médica y medicamentos para su padecimiento y por no ser vacunados para
prevenirse del COVID-19.

En el tema electoral, el INEGI pasó por alto establecer y vigilar que se cumplieran los
procedimientos y operará realmente la logística para que las Personas con Discapacidad
pudieran votar en condiciones seguras.

Aun así, muchos valientes con discapacidad, acudieron a votar el día de la elección con bastón o
en silla de ruedas y acompañados de sus familiares, en medio del tumulto y de riesgos fuera de
control.

El 11 de mayo el gobierno federal anunció que en la etapa IV de la Política Nacional de
Vacunación contra el virus SAR-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, incluiría la
inmunización, de personas de 40 a 49 años y grupos de atención prioritaria como pueden ser
personas de 16 a 49 años que viven comorbilidades como diabetes, hipertensión entre otras,
además de estados patológicos que requieren tratamientos que causan inmunosupresión como
es el caso de la Esclerosis Múltiple. También se incluirán a personas con Síndrome de Down o
con discapacidades que incrementan su riesgo personal de presentar complicaciones de la
COVID-19.

Después de la constante insistencia, planteamientos sustentados y de la diplomacia política de
agrupaciones de c, al fin el martes 8 de junio de este año, el Comité Técnico Asesor de la
Vacunación COVID-19, recomendó la adopción de ajustes razonables (arquitectónicos como
rampas y de procedimientos) para hacer efectivamente accesible a las Personas con
Discapacidad, la vacunación en condiciones de seguridad y protección. Se estima que serán
alrededor de 4 400 000 Personas con Discapacidad de 15 a 39 años las que deberán recibir la
vacuna COVID-19 en fecha muy próxima.

Precisamente el 9 y 10 de junio la sociedad civil organizada de mexicanos con discapacidad
realizó de manera virtual, el pasado 9 y 10 de junio el Foro Nacional de Políticas Públicas para
Personas con Discapacidad en México y mediante 6 mesas de trabajo se analizaron y debatieron
los problemas más importantes para hacer demandas concretas al Estado sobre el diseño de las
políticas públicas que requiere México en este campo.

Por otra parte, la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos
conforman el llamado Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD. Desde
abril 2021 vienen realizando Foros de consulta Regional en modalidad virtual para recoger
directamente las demandas y propuestas de Personas con Discapacidad en diferentes temas.

Con todo esto integrara una recomendación integral al Estado Mexicano.

También en este contexto, el gobierno federal anunció el 10 de junio que las pensiones a
Personas con Discapacidad se reiniciarán a partir de julio, manteniéndose en 2 700 pesos
mensuales, la cual solo se da a aquellos que son aprobados por la evaluación social en los
términos de la convocatoria.

En conclusión, el estado mexicano tiene el reto de ir más allá de la firma de tratados, los
discursos, de la buena voluntad, de las promesas, de las acciones puramente asistencialistas, de
romper con la inercia de invisibilización de las Personas con Discapacidad y emprender la
construcción y ejecución de políticas públicas efectivas, de estrategias afinadas y programas
para atender integralmente las necesidades de las Personas con Discapacidad.

Hay muchas razones humanitarias, éticas, jurídicas, sociales y económicas para hacerlo, pero tal
vez bastaría una sola, desde su perspectiva electoral: que tendrían 4 y medio millones de votos a
favor o en contra, multiplicados además por un promedio de cinco familiares, que hasta ahora
cuidan y agotan sus recursos personales para atender las necesidades de esta población de
mexicanas y mexicanos dejados de la mano de Dios.

Entonces la elección más importante no fue la electoral del pasado 6 de junio, sino la que
personal y diariamente hacen quienes viven con discapacidad y que en grupos organizados
luchan por defender sus derechos. Es la elección de estar activamente vivos, de no ser invisibles
y de hacer sentir su poder para conquistar una vida con la dignidad humana que se merecen