Ciudad de México (25 de marzo de 2021).- La Cámara de Diputados aprobó con 285 votos, interponer ante la Corte una controversia constitucional contra Congreso de Tamaulipas por caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La bancada del PRI voto en abstención, mientras que 77 legisladores del PAN Y PRD votaron en contra.
En su posicionamiento la bancada panista acusó «a los gobernadores los quitan y los ponen sus electores, con esta controversia se pretende desconocer una facultad soberana de una entidad federativa. Es evidente que forma parte de una estrategia electoral» dijo el diputado Alejandro Rivera.
Argumentó vicios procedimentales contra el mandatario estatal, como diversos intentos por hacer público el expediente del caso. También acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de presentar información falsa en el desahogo de testimoniales en la Sección Instructora.
El diputado Antonio Ortega del PRD señaló que «quien otorga el fuero tiene la facultad de quitarlo», y anunció el voto en contra por considerar que el desafuero no prejuzga una responsabilidad porque eso corresponde a una autoridad.
Los legisladores de la bancada oficialista (Morena, partido del Trabajo y Encuentro Social) utilizaron su tiempo en tribuna para repetir la exposición de la UIF refiriéndose a Francisco «N», y para reiterar que el congreso local de Tamaulipas abuso de sus funciones.
La bancada de Movimiento Ciudadano mantuvo su voto a favor de interponer la controversia porque el congreso estatal «vulnera en los hechos nuestra capacidad como Cámara de Diputados para decidir sobre el desafuero de servidores públicos» argumentó la diputada Priscila Álvarez.
En su posicionamiento la bancada priista se mantuvo al margen y no habló ni a favor ni en contra del tema.
La fecha límite para interponer dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia es el 15 de abril.
El pasado 3 de marzo, el Congreso de Tamaulipas avaló un punto de acuerdo «por el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confieren al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución», es decir, se dieron la facultad de ser solo ellos quienes puedan retirar el fuero al gobernador.
Ante ello, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dijo que lo hecho por el Congreso de Tamaulipas, «pretende desconocer la capacidad de la Cámara de Diputadoscomo facultad exclusiva declarar la procedencia de la acción penal contra servidores públicos».
El documento de la controversia da un revés a la medida del Congreso local, cuenta con el voto en contra del coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks. El coordinador del PRI, René Juárez, no lo firmó; tampoco Arturo Escobar, líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados.
El argumento principal del proyecto de controversia es que la SCJN ha reconocido, tanto a la Cámara de Diputados, como a la de Senadores, la facultad de «promover aisladamente una controversia constitucional en defensa del pacto federal y de las atribuciones del Congreso de la Unión, sin la anuencia o participación de la otra Cámara».
El documento subraya que, en caso de proceder el desafuero, «el papel del Congreso local será únicamente poner al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo».
Y sostiene que el punto de acuerdo, emitido por el Congreso tamaulipeco, «transgrede el artículo 133 de la Constitución al vulnerar la jerarquía normativa y orden constitucional». También pide que su solicitud sea tratada como «de atención prioritaria«, por la SCJN.
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