A propósito de la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno repensar sobre
algunos antecedentes y evolución de uno de núcleos filosóficos, doctrinarios y
políticos fundamentales, en los que se centró el interés y compromiso de los
legisladores que en la Carta Magna de 1917, dieron forma escrita a las demandas
sociales de la masas campesinas, obreras y del pueblo en general que
participaron y entregaron su vida en la revolución armada que dio origen al
México republicano, democrático y popular que aún hoy lucha por consolidarse.
Este núcleo está constituido por el artículo 3º constitucional sobre la educación, el
artículo 27 sobre la propiedad de la nación de la tierra y sus recursos naturales y
el 123 sobre el trabajo y previsión social de los trabajadores. Estos forman la
triada central del programa revolucionario que contiene nuestra constitución.
A finales del Porfiriato, e inicio del siglo XX, es designado en 1901 el escritor,
historiador y filósofo Justo Sierra como Subsecretario de Instrucción Pública. En
plena dictadura, este sobresaliente educador intentó abrir una nueva etapa en la
historia del sistema educativo mexicano basado en los ideales liberales, filosofía
positivista y en el humanismo, para llegar a las clases populares y formar a los
ciudadanos de una república bajo el modelo europeo y estadounidense.
Con este propósito emprendió la organización de un sistema educativo que
pudiera expandir su acción a todos los sectores sociales, combatir el
analfabetismo de las clases más bajas y elevar los niveles de escolaridad de los
trabajadores, comerciantes y clases medias. Así se creó en 1995 la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue su primer titular.
Para formar a los profesionales del México moderno que se construía y a los
intelectuales con pensamiento que lo inspiraran con las ideas liberales de Europa
y Estados Unidos, se fundó en 1910 la Universidad Nacional. Fue precisamente en
ese año en que estalló la Revolución Mexicana, en la cual no pocos universitarios
se incorporaron en ambos bandos de la contienda.
Durante el desarrollo del conflicto revolucionario armado, el proceso de
conformación del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso.
Pero al final de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango
constitucional al derecho de todo mexicano para recibir una educación laica,
obligatoria y gratuita.
La supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, el derrumbe de
la economía y la infraestructura educativa, la escasa planta docente, el
empeoramiento de la pobreza, la situación internacional adversa y otros factores,
como el impacto de la pandemia de influenza en 1918, dificultaron mucho la
construcción y el avance de un sistema educativo nacional.
En 1921 bajo la dirección de José Vasconcelos se creó la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Se estructuró un nuevo sistema educativo para atender las
necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales.
Se estableció la educación rural, con primarias y algunas normales. Se formaron
las misiones culturales, para trabajar en favor de la comunidad. La educación
adquirió el carácter de brazo ideológico, humanista y político de la revolución.
Los años siguientes se caracterizaron por un clima permanente de conflicto entre
la orientación de la educación popular, laica y nacionalista de los gobiernos de la
revolución y la resistencia de los sectores sociales derrotados, que seguían
abanderando la educación elitista, religiosa y conservadora. Con Calles la tensión
se agudizó por la Guerra cristera, llevó a la clausura de las escuelas religiosas.
En 1934, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3º
constitucional, para establecer una política educativa y una Reforma Educativa a
favor de los obreros, campesinos y clases populares y detona el desarrollo
industrial del país. Se le dio a la educación un carácter socialista, con la
consecuente adopción de la enseñanza racionalista, el modelo pedagógico
soviético, la escuela y la obligación de las escuelas privadas a seguir los
programas oficiales Lo cual fue innovador en latinoamérica y desafiante a un
fascismo que enfilaba a Europa hacia la Segunda Guerra Mundial.
La reacción de los opositores de dentro y fuera del gobierno, a esta visión de la
educación, no se hizo esperar. Con el gobierno conciliador de Manuel Ávila
Camacho (1940-1946), se promulgó una reforma del artículo 3º constitucional para
cambiar el concepto de educación socialista por el de educación integral, científica
y democrática. En 1943 se creó el nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
Con Miguel Alemán (1946-1952) se consolidó la cancelación de la educación
socialista y se enfatizó su carácter de instrumento para formación de fuerza de
trabajo, ascenso social y control político. Sin embargo no cabe duda que de 1950
a 1990 el sistema educativo mexicano, tuvo una constante expansión y desarrollo,
impulsado por diversas políticas educativas que incorporaron al sector privado.
En 1990 empezó la crisis educativa de México y llegó a su clímax con el gobierno
de Peña Nieto. Hoy el Sistema educativo nacional tiene desafíos acumulados y
oportunidades, ante la globalización económica, los malos resultados económico-sociales y políticos del neoliberalismo, la pandemia de la COVID-19 y el arribo de
un gobierno que retoma los postulados de una educación popular, universal, laica,
nacionalista a los que agrega los de la calidad, la inclusión e interculturalidad.
Como sus antecesores, también reformó el artículo 3º para dar sustento a su
Reforma educativa y a impulsar una Nueva Política Publica en Educación.
Mientras tanto durante los 104 años de establecido el derecho a la educación, no
se ha erradicado el analfabetismo. Aunque se expandió la cobertura educativa, no
es todavía universal y persisten grandes desigualdades regionales y entre grupos
sociales vulnerables, la educación perdió peso como mecanismo de ascenso
social. Se incrementó la brecha digital y el analfabetismo digital. Aún no se
cumplen los estándares internacionales de calidad y competencia educativa. El
presupuesto en educación como porcentaje del PIB fue decreciente y no se
distribuyó de manera equitativa. Estos y más indicadores, demuestran que el
debate sobre la educación y de sus magros resultados sigue en México tan vivo y
urgente, como en el inicio de la Revolución Mexicana y de la promulgación de
nuestra Carta Magna de 1917.
Discussion about this post