En la relación entre necesidad y disponibilidad de recursos o servicios, puede
ocurrir que cuando hay suficiencia o exceso de estos últimos, se incurra en
desperdicio o en despilfarro. Por el contrario cuándo son escasos, surge el
problema de decidir a quienes se les proporcionan y en qué orden.
Tratándose de necesidades humanas, la perspectiva mercantil y economicista,
resuelve el dilema con un principio absoluto: el recurso es para el que lo pague.
En un sistema de libre mercado, los dueños de las empresas que los producen y
venden, no tienen más limitaciones para aplicar este principio, que cumplir con la
legislación y normatividad civil, mercantil, hacendaria, sanitaria y otras, que
establezca el Estado para regular esas actividades.
Pero cuando es precisamente el Estado quien tiene a su cargo el de producir y/o
proveer productos o servicios para satisfacer las necesidades humanas de la
población que gobiernan, los principios a los que se debe ajustar tienen que ver no
solo con los de aspecto económico, sino principalmente con los de la igualdad, la
equidad, la no discriminación, la justicia, la inclusión que tiene que ver con criterios
de derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales
vigentes en tratados internacionales y en las constituciones nacionales y estatales.
Es en situaciones críticas o límite como la que vivimos, que la magnitud de la
presión de los grupos sociales para acceder a los recursos y servicios vitales, se
vuelve desproporcionada con relación a la limitada disponibilidad de pruebas de
laboratorio, consulta médica, ambulancia, camas de hospital, insumos para
protección personal (cubrebocas, mascarillas, gel antiséptico, sanitizantes, etc.),
medicamentos, tanques de oxígeno, vacunas y hasta servicios funerarios.
Todos estamos inmersos en esta crisis sanitaria, pero no en igualdad de
circunstancias, porque en una sociedad desigual como la nuestra, el riesgo, la
vulnerabilidad y la capacidad material de respuesta al COVID-19, también son
desiguales. Por lo tanto, el impacto de esta enfermedad es mayor en ciertos
grupos de la población, tal como lo aún demostrado los pocos estudios realizados
por la OMS y por algunos países como España.
Desafortunadamente en México, no solo se desconocen de manera completa y
actualizada los datos demográficos de este grupo de población, pues aparte de
encuestas sobre discriminación, son escasos los estudios de su situación social,
económica, laboral y de salud, particularmente ante la COVID-19. Las
consecuencias de esta falta de estudios, ha permitido sostener a las autoridades
sanitarias federales responsables de definir los grupos de población elegidos para
ser vacunados contra el COVID-19, que no hay evidencia científica para
considerarlos como prioridad en la primera fase de la estrategia nacional de
vacunación.
Ciertamente en México no se han realizado las investigaciones que descubran su
situación, pero la OMS desde 2020, ha publicado informes en los que reporta que
las personas con discapacidad tienen riesgo de enfermar más gravemente y morir
por COVID-19, presentan mayores necesidades sanitarias, tienen más riesgo de
ser discriminadas en el acceso a la atención, son más vulnerables a patologías
secundarias y comorbilidad como diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad
entre otras. Durante la pandemia COVID-19, se ha afectado aún más su atención
oportuna y adecuada, se ha interrumpido su rehabilitación. Y en las instituciones
médicas públicas para población de bajos nivel socio-económico, tienen más
probabilidades de infectarse y morir. A nivel mundial, las personas de edad con
discapacidad, son mayoría de las internadas en instituciones de asistencia social
donde son deficientes las medidas básicas de higiene y distanciamiento físico. La
mortalidad registrada, donde se cuenta con notificación, es del 19 al 72 %.
En países como España, si han investigado la situación de su población con
discapacidad en la pandemia y en enero ya están vacunando a los que están
internados en residencias y a los que padecen mayor grado de dependencia.
Por lo tanto, sí existe la evidencia científica para priorizar en México la vacunación
a los grupos más vulnerables y frágiles de las personas con discapacidad. La
OMS ha dado fe de ello. Hay suficientes razones epidemiológicas, políticas, éticas
y humanitarias para hacerlo. ¿Qué se espera entonces para enmendar?
Las personas con discapacidad enferman y mueren en silencio, sin estridencias,
como seres invisibles, pero su luz estalla en la conciencia.
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