CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE DIC. DE 2020.- La Cámara de Diputados aprobó el martes, por mayoría, una reforma propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la ley que regula la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en el país y que ha despertado críticas desde Estados Unidos.
La semana pasada, la cámara alta había avalado las modificaciones por lo que ahora sólo deben recibir la firma del Poder Ejecutivo y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Los cambios, discutidos en la última sesión del año de la cámara baja y vistos ampliamente como una represalia contra Estados Unidos, llegan a un mes de la detención en Los Ángeles de un exsecretario de Defensa mexicano, en una operación inconsulta que tensó la relación entre ambos países.
Los artículos agregados a la vigente Ley de Seguridad Nacional plantean, entre otras cosas, que las actividades de los agentes extranjeros se limitarán “a servir de enlace” para el intercambio de información con autoridades mexicanas.
Además, estipulan que estos deberán informar a las autoridades locales de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país, así como mantener la confidencialidad de la información que obtengan.
También, eliminan cualquier inmunidad en caso de que los agentes foráneos cometan actos ilícitos en México y se propuso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, encargado de atención y gestión de los convenios de cooperación.
Se busca regular las actividades que desarrollan los agentes de naciones extranjeras en México, a fin de proteger nuestra soberanía”, dijo la diputada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Guille Alvarado. La propuesta recibió 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró la semana pasada que se oponía a la legislación propuesta, argumentando que dificultaría la cooperación bilateral y beneficiaría a las organizaciones criminales.
SIN IMPUNIDAD
México y Estados Unidos tienen una amplia y cercana cooperación dedicada a combatir a los grupos del crimen organizado que libran una guerra sin cuartel por el control de rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.
Una de las operaciones más polémicas, conocida como “Rápido y furioso”, se llevó a cabo entre 2006 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas con chip a México para vender a presuntos criminales y así identificarlos.
Sin embargo, ningún gran objetivo fue capturado gracias al plan, que no fue compartido con el gobierno mexicano, e, incluso, las armas llegaron a usarse en las muertes de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense y otro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En otros cambios aprobados a la normativa vigente, se limita el accionar de las agencias de seguridad al prohibírseles aplicar o ejecutar leyes extranjeras en suelo mexicano. Además, tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones y allanar la propiedad privada.
Las reuniones que sostengan los agentes de seguridad internacionales con autoridades mexicanas deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y deberá estar presente un representante de la Cancillería.
Además, los agentes estarán obligados a presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad un informe mensual con sus actividades en el país.
En noviembre, el exsecretario Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles a pedido de la DEA, bajo acusaciones de narcotráfico. La aprehensión del militar retirado, quien finalmente regresó a su país, desató molestias en México y llevó a poner en revisión la cooperación con Estados Unidos.
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