NUEVO LAREDO, Tam., 7 de septiembre.- A un año de la Masacre de Valles
de Anáhuac, donde 8 personas fueron ejecutadas por elementos de la Policía
Estatal, del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas –CAIET- con
la complicidad del Ejército, sus familiares los recordaron en el lugar de la tragedia y
exigen se haga justicia.
En la casa de Severiano Treviño, ubicada en Avenida 7 con calle 13 #902 en
Valles de Anáhuac, se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que estuvo
además el sacerdote Carlos Raúl Ramírez Moreno, quien viajó desde Los Angeles,
California, para estar presente en el lugar donde fue asesinada su sobrina Jennifer.
Las víctimas de la masacre son; Wilbert, de 20 años, Jennifer, de 21,
Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20, Enrique, de 20, Cindy Esmeralda, de 39.
Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19.
“Las víctimas y familias nos dirigimos con todo respecto a usted, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca gobernador de esta entidad para expresarle y
hacerle saber a su persona y toda la nacional, el abandono que hemos tenido,
primeramente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, instancias que
deberían ser las primeras en atender a las familias para resolver los agravios, esto
le ha restado credibilidad a su gobierno, mismo que lacera y lastima a las víctimas
de las violencias cometidas por miembros del estado”, señaló el sacerdote.
Destacó que su sobrina y las otras 7 personas fueron “víctimas de una guerra
que solo privilegia a los gobernadores”.
Natividad Chávez Hernández, madre de Enrique y María Azucena Treviño,
hermana de Severiano, exigieron de haga justicia y se castigue a todos los
involucrados en la ejecución de sus seres queridos.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos
de Nuevo Laredo por su parte señaló que a un año de la masacre, solo hay dos
policías detenidos “en una cárcel, donde gozan de todos los privilegios”, 3 policías
que se acogieron a la figura de testigos colaboradores y 2 prófugos.
En el secuestro de las víctimas, montaje y ejecución a mansalva, participaron
al menos 100 elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, del Grupo CAIET y del
Ejército, que dieron “seguridad perimetral” pero son cómplices porque fueron
testigos de la masacre, manifestó Ramos Vázquez.
El 5 de septiembre de 2019, parte de la colonia Valles de Anáhuac fue
rodeada por elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, CAIET y personal del
Ejército.
Ocho personas, de las cuales 7 fueron secuestradas en tres diferentes
domicilios, fueron ejecutadas en el interior del domicilio. Antes las obligaron a
vestirse con uniformes tipo militar y después de ser asesinadas, les pusieron armas,
para aparentar un enfrentamiento.
Dos de las víctimas quedaron en una camioneta con blindaje artesanal, que
fue llevada al lugar en una grúa, después de sacarla de una vivienda en la colonia
Buenos Aires.
En el domicilio estaba Kassandra, hija de Severiano y su pequeña. Ella fue
testigo de cómo su padre fue golpeado, obligado a ponerse un uniforme y
posteriormente apareció muerto.
Otros testigos, videos y la investigación por parte de la ONU DH, CNDH y
otros organismos, sirvieron para esclarecer esta masacre de la cual aún los deudos
esperan se haga justicia y castigue a los asesinos
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