CIUDAD DE MÉXICO, 19 de Sep. de 2020.- Alas 16:00 horas, los integrantes del colectivo Damnificados Unidos iniciaron una manifestación que partió de la Avenida del Taller y pretendían llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México para presentar un contra informe.
Personal policial perteneciente al Agrupamiento Atenea formaron una valla a la altura de la calle Izazaga y 20 de noviembre para impedir el paso de los manifestantes, quienes decidieron instalar su templete a unos metros de Izazaga para realizar su mitin.
Karyna Solís, de Tláhuac, fue la encargada de leer el pronunciamiento de Damnificados Unidos, en el que planteó que el gobierno de la Ciudad de México ha tergiversado las cifras de los damnificados con el fin de reducir su número y por ende su compromiso de dotarlos de vivienda.
Además, en el documento se solicitó la renuncia de César Cravioto como titular de la Comisión para la Reconstrucción, y se denunció corrupción en el proceso de contratación de empresas que deberían reconstruir o reforzar edificios dañados.
“A tres años del sismo, y casi dos de la gestión de César Cravioto, solo se ha entregado el 24 por ciento de los edificios multifamiliares dañados, el 31 por ciento de viviendas unifamiliares y ni un solo edificio de los 173 en unidades habitacionales.
“La corrupción -manifestada en retrasos en las constructoras, sobreprecios y trabajos mal ejecutados- no han sido sancionadas ni con el pétalo de un oficio. Las empresas y sus representantes gozan de total impunidad (…) El todavía comisionado prefiere descalificar nuestras denuncias acusando que pedimos demasiado”, señala el documento leído por Solís.
Anunciaron el inicio de trabajo conjunto con organizaciones como la conformada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y los veteranos del Movimiento del 68, con quienes arrancarán una jornada nacional de protestas que arrancó este sábado y concluirá el 2 de octubre.
“Si al terminarla no hay respuesta satisfactoria, debemos valorar emprender una acción de calle tan intensa como nos sea posible. El Estado tiene una deuda de justicia pendiente con las y los damnificados y se la vamos a cobrar”, sentencia el pronunciamiento.
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