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Poder Legislativo: ¿Contrapeso o mera formalidad?

Por: Redacción
mayo 2, 2020
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Desde el 27 de febrero de 2020, nuestro País se encuentra en una lucha sin
cuartel contra un enemigo peligroso, silencioso y a veces letal al que resulta imperativo
derrotar denominado COVID-19.
Aunque al día de hoy, el panorama aparentemente es alentador en
comparación con lo que experimentaron otros países como Italia, España, Estados
Unidos, etc., los mexicanos debemos seguir preparados y no bajar la guardia, pues
todavía no ha pasado la peor parte de esta batalla.
Sin embargo, como en todas las batallas, esta situación ha vuelto patente
algunas de nuestras fortalezas, como por ejemplo la solidaridad que internacionalmente
nos ha sido reconocida y que ha sido pieza fundamental en esta lucha, pues entre
todos hemos apoyado siguiendo las recomendaciones de aislamiento voluntario, sana
distancia, ayuda entre vecinos, apoyos alimentarios, donaciones de sangre, entre otras.
Por su parte, también se han evidenciado algunas de nuestras flaquezas,
dentro de las cuales identifico como la más destacada la fragilidad material de nuestro
sistema de división de poderes.
Sobre todo, tratándose del servilismo villano que el poder Legislativo realiza
para el poder Ejecutivo en las Entidades federativas y la Federación.
Al respecto, en nuestro País el principio de división de poderes se encuentra
en el artículo 49 de la Constitución y esencialmente tutela que el poder público para su
ejercicio se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Dicho principio, históricamente tiene su base en los postulados de
Aristóteles, Locke, y Montesquieu, quienes advirtieron la necesidad de dividir el poder
público a fin de impedir su abuso, generando contrapesos pues solo el poder puede
detener al poder.
Y es que hoy, al igual que hace 272 años vale la pena preguntarnos “cómo
un gobierno puede no ser tiránico si el encargado de hacer ejecutar las leyes es al
mismo tiempo el legislador”, “qué protección pueden tener los ciudadanos contra la
arbitrariedad si en una sola mano se reúnen confundidos los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial” (El espíritu de las Leyes – Montesquieu).
Lo anterior, pues si bien es cierto, en nuestro País la separación de poderes
obedece a la necesidad de contar con contrapesos, equilibrio y erradicar la arbitrariedad
en el ejercicio del poder público y; aunque formalmente cumplimos con el referido
principio al contar con un Presidente de la República, Cámara de Diputados (federal)
Cámara de Senadores y Juzgadores, así como Gobernadores y Legislaturas Locales, la
realidad es que materialmente el poder Legislativo a nivel federal y en las Entidades
federativas resultan una mera o insignificante formalidad para la aprobación de
determinadas acciones del poder Ejecutivo.
Esto, pues basta observar cómo esta pandemia que hoy nos aqueja ha sido
un nicho de oportunidad para el titular del poder Ejecutivo federal proponiendo realizar
modificaciones al presupuesto y para los titulares de los Ejecutivos estatales solicitando
endeudamientos y ejerciendo acciones que desde su redacción se advierte que no
necesariamente servirán para contrarrestar al COVID-19 y que han sido aprobadas, o lo
serán, sin debatir, razonar u opinar por los poderes Legislativos.
Evidenciando así, la fragilidad material de nuestro sistema de división de
poderes, en tanto el poder Legislativo más que un verdadero contrapeso que sirva para
enriquecer las decisiones y el ejercicio del poder público, se ha convertido en un paso
más que el Ejecutivo debe realizar antes de ejercer determinada acción.
Siendo oportuno precisar, que tampoco se trata de enfrentar ambos poderes
como muchos legisladores de oposición (respectivamente) realizan su función, sino por
el contrario, de enriquecer la toma de decisiones.
Ante esto, como ciudadanos resulta válido preguntarnos si verdaderamente
nuestros Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores ejercen un contrapeso o
bien, si únicamente resultan una formalidad necesaria.
Finalmente, los legisladores deben tomar en cuenta que pertenecer a un
partido político o grupo parlamentario nunca puede significar renunciar a su indormia o
capacidad de razonar.

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