La semana pasada, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo
León, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme Solís
de Coahuila manifestaron su intención de realizar una revisión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (en adelante SNCF).
Posteriormente, se sumó a esta iniciativa el gobernador Enrique Alfaro de
Jalisco, afirmando que de no modificarse el pacto fiscal se plantearía abandonarlo.
Todos, bajo las premisas falaces de que lo justo es que se otorguen mayores
recursos a los Estados que más aportan a la Federación y, que reciben menos dinero
del que recaudan sus respectivas Entidades federativas; pasando por alto el
funcionamiento del SNCF.
El SNCF, tal y como fue señalado en su exposición de motivos, no impide
que los Estados recauden sus propios impuestos, sino por el contrario, supone que
tanto el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales actúen con prudencia a efecto
de no superponer gravámenes sobre el contribuyente.
Prácticamente, se trata de un acuerdo entre la Federación y Estados, en el
cual las Entidades federativas reciben participaciones a cambio de abstenerse de
gravar la misma fuente de riqueza, esto es, abstenerse de tener un impuesto federal y
local sobre el mismo concepto.
Ahora bien, a efecto de fijar las participaciones se creó un Fondo General, el
cual se constituye con el 20% de la recaudación que obtenga la Federación en un
ejercicio fiscal.
Es decir, del monto total recaudado el 80% es para la Federación y el 20%
para los Estados.
No obstante, lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido
en las Entidades como erróneamente lo hacen ver las declaraciones de los
gobernadores, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos
utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS,
ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos,
la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en
Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. prácticamente inversión en todo el País.
Máxime, que además existen fondos de aportaciones federales a los que
pueden acceder los Estados, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento
de objetivos.
Así, en primer término es claro que las Entidades federativas reciben menos
de lo que aportan a la federación, pues únicamente el 20% de la recaudación es
participable y en consecuencia de libre administración por los Estados; sin embargo
esto no quiere decir que ese 20% sea la única inversión realizada en la entidad, pues
insisto, el otro 80% de la recaudación se ocupa para el funcionamiento de áreas que
competencialmente le corresponden a la federación.
Por otra parte, es cierto que históricamente los Estados con mayor actividad
económica reciben menos ingresos que los más rezagados, sin embargo, esta situación
per se no implica una actuación arbitraria por parte de la federación o un maltrato hacia
las Entidades Federativas.
Esto, pues por mandato constitucional, a la Federación le corresponde
fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza, a efecto de permitir el pleno
ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.
Así, la idea de otorgar mayores porciones de participaciones a los Estados
que más recaudan aunque sea lo “debido”, produce el inconveniente de que las
Entidades rezagadas no obtengan recursos que auxilien su desarrollo económico.
Por lo anterior, califico de falaces las premisas de justicia sobre el reparto de
las participaciones aducido por los gobernadores, pues pasan por alto el
funcionamiento del SNCF, el gasto para el mantenimiento de áreas que
competencialmente le corresponden a la federación y la obligación de fomentar el
desarrollo regional y redistribuir la riqueza.
Finalmente, aunque comparto la idea de revisar el SNCF que data de 1978,
estimo que la discusión debe darse en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales,
tomando en consideración los puntos señalados en el párrafo anterior y no de manera
incendiaria en declaraciones de prensa.
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