El informe que presentó ayer la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional acerca de las auditorías practicadas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) generó confusión y creció aún más la sospecha acerca de la existencia de un “manto protector” algunos funcionarios consentidos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sandoval Ballesteros sólo reconoció que existen irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), pero no aplicó la Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sancionar y destituir a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien debería de presentar su renuncia por la incapacidad demostrado en el manejo del presupuesto y en el fomento del deporte competitivo.
Si bien es cierto que se han destituido a varios funcionarios de la Conade que carecían de la capacidad profesional para el cargo, como ella misma lo reconoció en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, nadie se explica porque no se procede en contra de la señora Guevara Espinoza que designo y solapo las pillerías de los ahora ex-servidores públicos.
A pesar de que la titular de la SFP, Sandoval Ballesteros se comprometió a presentar denuncias en contra de los funcionarios deshonestos de la Conade, nadie cree que se proceda en contra de la señora Guevara Espinoza.
Incluso, la coordinadora de Promoción del Deporte del CEN del PAN, Karla Osuna Carranco, exigió la destitución inmediata de la titular de la Conade porque resulta inadmisible que el dinero del Fodepar haya sido dilapidado por sus principales colaboradores.
Y uno se pregunta: ¿Dónde quedó el compromiso de combatir la corrupción y acabar con la impunidad de los servidores públicos deshonestos?, ya que hay claras evidencias de irregularidades en diversas dependencias públicas, entre las que se encuentran con los contratos de más de 20 mil personas que se hacen llamar “servidores de la nación”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside David Colmenares Páramo, denunció que los “servidores de la nación” trabajan sin sustento jurídico, además carecen de derechos laborales, entre otras irregularidades que han sido solapadas por las instancias encargadas de vigilar la correcta aplicación del gasto gubernamental, como es el caso de la SFP de Sandoval Ballesteros.
También existen irregularidades en el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, además del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin que hasta el momento se proceda en contra de los funcionarios consentidos de la administración federal, como es el caso de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales para el Desarrollo.
En fin, cada día resulta más evidente que existe un “manto protector” que solapa la corrupción y la impunidad que tanto criticaba y critica el presidente López Obrador, por lo que muchos no dudan en señalar que el político tabasqueño aplica la máxima de Don Benito Juárez García, que decía que: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: la ley”.
En otro tema, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) captó ayer la atención de los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), luego de anunciar que presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El legislador morenista pretende modificar el proceso de selección del rector, de los directores de las facultades, institutos y centros de investigación, además de restar atribuciones de la Junta de Gobierno de la UNAM.
Y como sucedió en Nayarit el año pasado, cuando el gobernador Antonio Echevarría García del PAN envío una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) al Congreso Local, que fue aprobada de inmediato, pero sin consultar a la comunidad universitaria acerca de los cambios para elegir al rector de la máxima casa de estudios de aquella entidad.
Aunque dicha reforma busca solucionar la crisis financiera de la UAN, no hubo el dialogo con todos los involucrados y el Congreso Local sólo se concretó a aprobar la iniciativa de ley sin realizar foros o consultas.
La iniciativa de Jáuregui Montes de Oca se publicó el pasado 18 de febrero en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, por lo que sigue el mismo camino para modernizar la Ley Orgánica de la UNAM, por lo que el rector Enrique Graue Wiechers pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ayude a defender la autonomía de las universidades públicas y evitar intereses políticos ante la crisis que se vive en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
Nadie duda de que se requieren cambios en la Ley Orgánica de la UNAM, pero no es el momento de crispar más el ambiente de violencia que se vive en la máxima casa de estudios de nuestro país, pero la iniciativa tiene un marcado interés partidista e ideológico de la llamada 4° Transformación y sobre todo vulnera la autonomía universitaria.
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