Declaran en desacato a secretarios en Estados Unidos

Declaran en desacato a secretarios en Estados Unidos

Fiscal Genera William P. Barr, y al Secretario de Comercio, Wilbur Ross,


Washington DC, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes votó este miércoles para declarar en desacato al Fiscal General, William P. Barr, y al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, por negarse a entregar documentos clave relacionados con el intento de la Administración Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020.

Un funcionario bajo desacato puede ser denunciado criminalmente por el Congreso, aunque no se ha hecho algo así desde la década de 1930.

Además, la votación es en gran medida simbólica porque prácticamente no hay posibilidad de que el Departamento de Justicia emprenda acciones contra el mismo Fiscal general.

Aún así, es parte de la escalada del conflicto entre la Cámara controlada por los demócratas y el Presidente Donald Trump.

La Corte Suprema frenó el intento de la Administración Trump de agregar al censo una pregunta sobre el estatus de la ciudadanía de los habitantes.

El Presidente dijo que no insistirá en ponerla, pero ordenó a su Administración utilizar los registros gubernamentales existentes para determinar la ciudadanía para al menos el 90% de la población.

Pero los demócratas, encabezados por el presidente del Comité de Supervisión Elijah Cummings, sostienen que la Administración continúa reteniendo documentos, correos electrónicos y testimonios sobre los motivos detrás del esfuerzo por agregar la pregunta. Trump afirmó el privilegio ejecutivo sobre el material.

Cummings dijo el lunes que sentaría un mal precedente para que la Cámara no responda a este obstáculo.

"Necesitamos saber cómo y por qué sucedió, para que nunca vuelva a suceder", dijo Cummings of Maryland.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que el intento de la Administración de Trump de incluir la pregunta de ciudadanía fue diseñada para suprimir la tasa de respuesta del censo de inmigrantes y no ciudadanos.

Eso podría reducir la cantidad de asientos en el Congreso, la influencia del Colegio Electoral y el financiamiento federal de algunos estados.

Ross había argumentado que el objetivo de la pregunta del censo era ayudar al Departamento de Justicia a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación, que protege a los votantes de minorías.

Pero una Corte Suprema dividida dictaminó el 27 de junio que las razones de Ross eran "inventadas" y no podían ser cuadradas con evidencia sobre sus verdaderas motivaciones