Gobiernos para gobernantes

LO CLARO. La productividad del entorno y del país, debe ser analizada desde
la perspectiva académica y buscar empatías y soluciones cuando genera
condiciones de poco retorno y bajas remuneraciones a quienes se emplean en
circunstancias adversas.

La ‘Economía sumergida’ es el apelativo que engloba a la informalidad, donde
el 55% de las empresas mexicanas transitan y aportan el 23% al PIB nacional.

Datos que más que aliviar los oídos de quienes supervisan el crecimiento
sostenido de la riqueza, deben llamar la atención a decir de la investigadora
Yesenia Sánchez Tovar, doctora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En magna disertación explica la conducta de este segmento económico que en
la opinión de la experta, la ONU cataloga como el 74% mundial de aportación
al desarrollo económico. Las empresas pequeñas y medianas que en su
generalidad permanecen en la informalidad.

La tendencia observada indica que este gran espectro se rige por la poca
profesionalización y los bajos sueldos a su base laboral, donde las costosas
regulaciones legales les impiden ser atractivos a la inversión y crecimiento.
Atención y ayuda demandan estos pequeños grandes guerreros.

LO OSCURO. Es muy seguro que a ningún tepehuano de Guadalupe y Calvo,
del Estado de Chihuahua, le interese un bledo el actuar y resultados de la
votación de juicio de procedencia y juicio político emitido y sancionado la
madrugada del 2 de septiembre reciente.

Aun así, le pondremos al tanto de lo que su voz en la máxima tribuna de la
nación representada por sus diputados concejales decidió ‘para el bien de la
patria’.

Conste… por ninguna venganza, solo mirando por los intereses de los
tepehuanos y 110 millones de mexicanos más.

El doctor Agustín Herrera Pérez, experto en el tema de responsabilidades
administrativas, toma la historia de este país a partir de la Gran Tenochtitlan.

La alta jerarquía administrativa se renovaba con la participación del pueblo.

De este modo todo azteca que demostrara talentos suficientes para ser
elegidos a ser guerreros, comerciantes, sacerdotes o artistas, lograban
ascender y trascender.

Para tal efecto era imprescindible contar con espíritu de servicio, honestidad,
no tener vicios y sí interés por mejorar su comunidad.

Así se integraban la burocracia que deseaba servir a su pueblo.

Los jueces en cambio, quienes impartían justicia debían ser personas nobles,
de buenas costumbres, criadas en monasterios, prudentes y sabios.

Así se daba administración y justicia y reinaba la paz por siglos. Lo que hacían
los primeros, era escrupulosamente observado por los segundos.

A la llegada de los conquistadores, por un Real Decreto en 1501 se instalaba el
Juicio de Residencia. Aplicado inclusive a Hernán Cortés.

Tenía por objeto y con antecedentes en el derecho romano, el que el
gobernador o juez en el cargo al culminar su encomienda debía instalarse a
vivir en el sitio donde ejercía su encargo por espacio de 50 días para que aquél
que exigiera reparación de justicia o se sintiese dañado por el ‘enjuiciado’,
tuviera tiempo y espacio para encararle ya sin investidura.

Las modas cambian y como dicen los nuevos diputados que recién eliminaron
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, (sic) “por obsoleta y
porque genera ambigüedades, conflictos y otros problemas de aplicación”.

Hoy la justicia y el cuidar el actuar de la función pública no solo es cosa de
leyes. Es de golpeteos políticos y de confrontaciones estériles entre partidos e
ideologías que no se alinean a las necesidades de sus gobernados… a quienes
olvidaron por completo en su arena política.

Resulta que ya existían los procedimientos, normas y sanciones a servidores
públicos, donde se creó apenas poco tiempo atrás las figuras y elementos que
se contemplan en el sistema nacional anticorrupción para evitar el uso y abuso
del poder público.

Pero decidieron llevarlo más allá dejando de lado lo alcanzado, pues no era el
objetivo primario.

La votación referida lleva el mediano fin de evitar en lo sucesivo que cualquier
gobernador pretenda superar al poder central desde la autonomía de su feudo
local.

Así lo esgrimen en el comunicado del resultado de la modificación y
promulgación de la Nueva Ley Reglamentaria que hoy se llama Ley de Juicio
Político y Declaraciones de Procedencia.

Con aristas positivas dentro de sus alcances que en lo general, la sociedad
reclamaríamos antes la aplicabilidad de las existentes en materia de combate a
la corrupción, a la que ven TODOS con desgano y apatía total.

Los tepehuanos seguirán preguntándose si eso fue lo que pidieron votar. A lo
mejor sí y ni saben.

COLOFÓN. Si ya existía el Juicio de Residencia ¿Será necesario continuar con
el referéndum de revocación de mandato? ¿Por qué mejor no buscan crear
fondos de contingencia de desastres naturales? Aunque no lo parezca, urge
más…

P.D. Semanélika je’ná napawíkiachi… (¡Que disfruten su reunión! En Rarámuri,
con respeto, para los diputados).

[email protected]
@deandaalejandro