La consulta

Para muchos el título de hoy es muy claro, porque me referiré a un tema que
finalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó se llevará a cabo, aún sin
presupuesto, aunque garantiza, aún sin recursos financieros, saldrán adelante.

El INE se refiere al capricho presidencial que, pese al marco jurídico que tenemos los
mexicanos, el tabasqueño venido a presidente del país, insiste en ‘que sea el pueblo quien
opine… sean los mexicanos quienes decidan… que sean los ciudadanos quienes
castiguen…’ a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Politólogos nacionales y extranjeros reconocen como estrategia de persuasión
comunicativa de la presidencia en México, el uso de mensajes contra lo que el pueblo
quiere escuchar: el combate a la corrupción y el castigo sin tregua contra los que fueron
‘intocables’ en otros tiempos, léase los ahora expresidentes del país azteca.

Quienes han estudiado con el método científico los mensajes presidenciales que de
lunes a viernes ha presidido el oriundo de Macuspana, Tab., descubrieron que no ha habido
un solo de estos actos que no hablen de la corrupción de otros sexenios, dejando en la
mente de quienes lo escuchan cotidianamente, la idea de que efectivamente es cierto lo que
dice el presidente de los mexicanos.

Los que saben o dicen saber, no dan pie con bola para encontrar en todo el marco
jurídico mexicano algún recoveco que proteja a expresidente o exfuncionario de la
aplicación de la Ley. Tampoco limita la acción de cualquier ciudadano que exija la
aplicación de la justicia, donde haya la simple presunción de la aplicación de las mínimas
leyes nacionales.

Recuerdo al lector que en el caso Tamaulipas 2021, contra el gobernador Fco. García
Cabeza de Vaca, bastó la denuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán, un civil originario de la
CDMX y con domicilio particular en la capital del país.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en una consulta popular
para definir si se lleva o no ante la justicia a quienes gobernaron a México desde 1988 y
hasta 2018: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-
2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña
Nieto (2012-2018).

En busca de una justicia, los acusadores deben comprobar la culpabilidad de los
acusados o presuntos responsables de la comisión del o los delitos, sin divagaciones,
precisando la responsabilidad de los hechos, como la vaguedad contra Salinas de Gortari,
cuando asegura que “…entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus
allegados. Así de sencillo… fue el último presidente al que se le asignó una partida
presupuestal, cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación…”

Al presidente Zedillo “…porque con El Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(FOBAPROA) convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos
30, 40 años pagando esa deuda”, acusó el mandatario.

Refiriéndose al guanajuatense, Vicente Fox Quezada, AMLO asegura “…se cargaron
los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón…”. El tabasqueño afirma
que el originario de Michoacán, Felipe Calderón, “…desató la guerra contra la delincuencia
organizada, sin atender las causas; provocando masacres, con instrucciones de rematar a
heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos’, expresó el mandatario… impuso a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante
su administración.”

Al de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto “…porque el director de Pemex declaró que,
por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, se entregaba
dinero a legisladores… Emilio Lozoya, exdirector de Pemex por el caso Odebrecht…”

No dudo de ninguna forma haya razones de peso para enjuiciar a quien usted me diga,
aunque me parece una contradicción que podamos presumir de ser un país con un marco
jurídico, si no tenemos las reglas claras para la sostener el capricho presidencial y se me
hace hasta cobarde utilizar al pueblo para castigar con multas o cárcel delitos que no se
puedan comprobar.

Una pregunta quizá planteada por muchos mexicanos, pero con temor a represalias:
De la misma forma que se solicita la opinión popular para unos, también ¿podremos
enjuiciar a López por la falta de medicamentos para el cáncer? ¿Podremos llevar a juicio a
Andrés Manuel por dividir a los mexicanos en chairos y fifís? ¿Es legal que el presidente
nos clasifique como ‘aspiracionistas’ dando a entender que el concluir licenciatura,
maestría o doctorado es malo para la 4T?… y estos son unos cuantos temas.