Realidades

Antes de iniciar el tema de hoy, una disculpa pública a los lectores de este espacio,
por el error de haber publicado, en este mismo espacio, que a la Alcaldía de Güémez, el
Profesor normalista, formado en La Escuela Normal Lauro Aguirre, de San José de Las
Flores, Luis Lauro Reyes Rodríguez, buscaba la reelección.

Error desde luego, porque el Profr. Reyes Rodríguez no está en la contienda, la
candidatura es para una egresada de la nueva versión de la Escuela Normal de Tamatán,
Valeria Orozco García, quien contiende por el Partido Naranja, oficialmente El
Movimiento Ciudadano.

Aclarado el error de esta pluma, comento que para los optimistas siempre hay
motivos para festejar… aunque por el lado contrario, los pesimistas siempre verán el lado
negativo de las cosas y detestarán algún tipo de júbilo, por muy trascendente que pudiera
ser.

Lo anterior es referido a esos muy malos momentos que se viven, cuando el error
resalta, cuando la equivocación te cae como balde de agua helada en tiempos de un invierno
severo.

Pocos saben que el Congreso de Tamaulipas, recibió un plazo de apenas 24 horas de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los diputados locales, entreguen una
copia certificada que acredite la personalidad de la Presidencia de la Mesa Directiva.

Dicen los que saben y hora lo explican, es para que se autorice a Gerardo Peña Flores,
como representante legal del Poder Legislativo en la Controversia Constitucional contra
el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, publicó el Grupo Milenio.

Sin duda es importante la expedición del documento que ahora exige la Corte,
conforme al artículo 22, párrafo 1, inciso I, de la Ley sobre la Organización y
Funcionamiento interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, que señala “…es
atribución del Presidente de la Mesa Directiva tener la representación legal del Congreso
para actuar en Controversias Constitucionales”.

Es como en las escuelas, los directores deben tener consigo una copia de su
nombramiento y el sello de la institución; o los abogados, la carta poder a su nombre para
ejercer los procedimientos que convengan al interesado.

El Acuerdo de la Suprema Corte, fechado el 11 de mayo es tácito, porque pretende
que el marco jurídico sea completo, sin que haya ‘tropiezos por las prisas’ y finalmente
puedan llegar a conclusiones que cumplan con la Ley. La sala máxima de Justicia en el país
fue clara en la advertencia que, al no cumplir con lo ordenado, se determinará en
consecuencia.

Lo inaudito es que los 36 legisladores de Tamaulipas, menos los que se abstuvieron o
votaron en contra del desafuero, no se hayan percatado de que el expediente iba
incompleto, porque es obvio estaban arriesgando a que se desechara por un documento que
no acreditaba la personalidad del Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Saliendo de Tamaulipas, pero en el mismo tema de la política nacional cabe la
pregunta sobre el presidente de los mexicanos, cuando nos enteramos de varias temáticas,
por ejemplo: 1. AMLO admitió públicamente su participación directa en las campañas de la
Elección Mayor ¿se vale? 2. Insiste en su lucha contra el gobernador irreverente.

En este sentido dicen los que saben no es legal, pero aplican SU política.

3.  La Carta del 12 de mayo, que le dirige el abogado Diego Fernández de Ceballos al
presidente es muy enérgica, al grado que termina diciendo: “…Por la gravedad de los
hechos que me imputa, y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para
denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para
escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de
responderle…

…De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y
justifica su palabra; en caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante, y usted
resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia.”
Firma ilegible. (¡Zape!)

4. El candidato del Revolucionario Institucional al gobierno de Nuevo León, Adrián
de la Garza, interpuso una denuncia contra el presidente de los mexicanos, Manuel López,
ante el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, por
‘intervenir en las elecciones’ del próximo 6 de junio.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Washington, en Gringolandia, después de
que la Fiscalía General de la República (FGR), anunciara este lunes que investiga al
aspirante a gobernador del vecino Nuevo León, por presuntos delitos electorales.