El candidato del PRI a la diputación federal del V Distrito Electoral con cabecera en Victoria, Enrique Cárdenas del Avellano, presentará una iniciativa que le denominó la “Ley Quemón”, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, a fin de obligar a los padres de familia a cumplir en tiempo y forma con la pensión alimenticia de sus hijos a cargo de sus exesposas.
La propuesta de Cárdenas del Avellano no es nueva porque un grupo de legisladoras del PRI, entre las que se encontraba Mariana Rodríguez Mier y Terán, presentó una iniciativa para crear el Registro Nacional de Deudores Alimenticios (RDA), también conocida como “Ley Quemón” en octubre del 2020, pero no fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
En aquella ocasión, la secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Cynthia López Castro, reveló que con el apoyo del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se diseñó una iniciativa integral para que el Sistema Nacional del DIF pueda gestionar información de las cuentas bancarias y crediticias de padres desobligados que estarán en RDA, a fin celebrar convenios para el cobro de las pensiones alimenticias.
Esta medida favorecerá a 7 de cada 10 mujeres que no reciben pensión alimenticia, según información de las diputadas priístas Erika Sánchez Martínez, Laura Barrera Fortoul, Norma Guel Saldívar, además de Rodríguez Mier y Terán.
Existe un antecedente a la “Ley Quemón” desde el 2005, cuando la entonces senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, presentó una iniciativa para el Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos (RENOAM), que también buscaba que los padres desobligados pagarán en tiempo y forma las pensiones alimenticias de sus hijas e hijos.
La iniciativa de Torres Peimbert señala que el 67.3% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, en tanto que la tercera parte de las esposas divorciadas que se quedan con la custodia de sus hijas e hijos reciben un apoyo económico de sus exparejas.
Es por eso, que la iniciativa para la “Ley Quemón” de Cárdenas del Avellano no parte de cero porque hay propuestas con diversas medidas legales para obligar a que los padres paguen las pensiones alimenticias, en forma independiente de que sean mujeres divorciadas o madres solteras.
Lógicamente que primero el candidato del PRI a la diputación federal del V distrito electoral con cabecera en Victoria, debe de ganar la elección del próximo 6 de junio para poder presentar una iniciativa integral con el propósito de proteger a las mujeres que deben recibir en tiempo y forma la pensión alimenticia de sus exparejas para el cuidado y la educación de sus hijas e hijos.
Por otra parte, el candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por el PRI y PRD, Adrián de la Garza Santos se reunió ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes para denunciar las graves violaciones a las leyes electorales que ha cometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De la Garza Santos señaló que es víctima de persecución política por el sólo hecho de ofrecer como parte de su campaña la entrega de una “Tarjeta Rosa” en apoyo a las amas de casa en caso de ganar la gubernatura de Nuevo León.
A propósito, el presidente López Obrador no tuvo más remedio que reconocer que De la Garza Santos no es el único candidato que ha ofrecido la entrega de tarjetas con apoyo económico como compromisos de campaña, luego de que reporteros que asistieron a la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional señalaron que hasta contendientes de Morena las han ofrecido en la búsqueda de votos para el próximo 6 de junio.
De regreso con la visita del candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” a la sede de la OEA en el distrito de Columbia, Estados Unidos, De la Garza Santos reveló que Almagro Lemes enviará un grupo de observadores para vigilar que las elecciones del próximo 6 de junio se realicen dentro del marco legal y se fortalezca la democracia en nuestro país.
En otro tema, todo parece indicar que cada día “la pinza se cierra” en torno a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Hertz Manero, en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de defraudación fiscal, luego de que un juez desechó el amparo que había solicitado para recuperar el fuero que le fue quitado por la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.
Si bien es cierto que el caso del desafuero del mandatario estatal se está revisando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hay claros indicios de que la sentencia no le favorecerá y que la FGR podría proceder en contra de él por los delitos que se le acusan.
Se espera que la SCJN dé su veredicto antes de que finalice mayo, según varios legisladores y militantes del PAN, quienes creen que el escándalo político influya en forma directa el resultado de la elección del próximo 6 de junio en la entidad, incluso temen perder la mayoría en el Congreso Local.
Por último, la primera sala de la SCJN negó el amparo que había solicitado el exgobernador Eugenio Hernández Flores en contra de su extradición a los Estados Unidos, donde es requerido para que responda a los cargos que se le imputan por supuesto fraude bancario y asociación delictuosa, por lo que su expediente será radicado a un juzgado en Ciudad Victoria.
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