Ciudad de México (7 de mayo de 2021).-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
La mañana de este viernes fue registrada la acción legal con el número 50/2021, promovida por la entonces presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, diputada Marta Patricia Palacios Corral.
De acuerdo con el sistema de la Corte, el asunto fue radicado al Pleno, por lo que las y los ministros votarán la controversia constitucional que definirá el destino del político panista.
“Dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, refiere la publicación en la lista de atención de la SCJN.
Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.
El gobernador ha acusado en diversas ocasiones al gobierno federal de orquestar una estrategia en su contra, calificando el hecho como un linchamiento político.
Señaló que el gobierno de López Obrador está usando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para falsificar y manipular pruebas.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 302 votos a favor y 134 en contra el dictamen para revocar el fuero a Cabeza de Vaca.
Luego de esta aprobación, el Congreso de Tamaulipas rechazó el desafuero y lo declaró improcedente al considerar que se violaban las garantías individuales, así como el proceso y presunción de inocencia del gobernador.
Tres días después de ser avalado el desafuero en la Cámara de Diputados y rechazado por el Congreso de Tamaulipas, López Obrador dijo que la decisión quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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