Condenaron a la Capital

Ayer, un periódico de la ciudad publicó una nota que llamó profundamente mi
atención, en la misma, se aseguraba que la segunda línea del Acueducto “Guadalupe
Victoria” estuvo programada y aprobada, pero que la obra fue cancelada por la actual
administración del Gobierno del Estado.

Sorprendido, tomé un tiempo para corroborar su contenido y efectivamente el
9 de mayo de 2013, la pasada Administración Estatal celebró un Convenio con el
Gobierno Federal para construir el Acuaférico y la segunda línea del Acueducto
“Guadalupe Victoria”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de
junio de 2013.

No obstante, al inicio de la presente Administración, el convenio aludido en el
párrafo anterior fue modificado -tal y como se advierte de la publicación del 11 de enero
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación-, pues el Gobierno del Estado señaló que
debido a la magnitud de las obras contempladas y el alto costo que representaba la
construcción de la Segunda línea del Acueducto, la Planta potabilizadora y las Plantas
de bombeo, no se consideraba viable llevar a cabo el mismo en los términos en que fue
pactado y se propuso, en su lugar, la sustitución del tramo afectado de la tubería que se
encontraba en mal estado, la sustitución electromecánica de las tres plantas de bombeo
y la modernización de la planta potabilizadora existente.

Esto, esencialmente por dos razones llamó completamente mi atención.

La primera, por la incongruencia en el discurso y el actuar del Gobierno del
Estado, pues mientras ellos mismos cancelaron la posibilidad de que se construyera la
Segunda línea del Acueducto para Victoria, que desde hace más de diez años es
necesaria para solucionar el desabasto de agua potable en el Municipio, tal y como
atinadamente lo diagnosticó –en su momento- el ex-Gobernador Américo Villarreal
Guerra, el día de ayer el actual Director de la Comisión Estatal del Agua Javier Pinto
Covarrubias, señaló que la solución definitiva para resolver el desabasto de agua en
Victoria son las obras que canceló la misma Administración a la que pertenece.

La segunda, por la indudable violación al derecho humano de acceso al agua
potable de los habitantes del municipio de Victoria, Tamaulipas.

Pues dicha prerrogativa, no se consagra como una simple fórmula utópica,
en la que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible,
sino que constituye una verdadera garantía para los administrados y en contraposición
una obligación ineludible para el Estado de materializarlo.

Obligación, que no se ve satisfecha con un simple y eventual envío de pipas,
pues la Administración según diversos criterios jurisdiccionales y la Observación
General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, está obligada a adoptar las medidas necesarias en aras de la plena
realización de éste derecho.

Sin que sea óbice, anteponer como excusa para garantizar el acceso al agua
el costo de construcción de las obras, pues el Estado debe adoptar medidas
legislativas, administrativas o presupuestarias suficientes para hacer plenamente
efectivo el referido derecho.

Robustece lo anterior, el hecho de que incluso en la Observación Número 15,
antes citada, se consagra de manera enunciativa más no limitativa como un ejemplo de
violación a éste derecho, el que los Estados asignen fondos insuficientes o asignarlos
de forma incorrecta, con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho al agua por
personas, tal y como hoy ocurre.

Así, es claro que la decisión asumida por la Administración Estatal se tradujo
en una flagrante vulneración al derecho humano de acceso al agua potable en perjuicio
de los Victorenses.

Finalmente, insisto sorprende la incongruencia y la toma de una decisión que
condena a la Capital de Tamaulipas.

Afortunadamente el presente año es electoral.