“Reconstruir para mejor: por un mundo inclusivo durante y después del COVID-19”
Si una empresa, una organización o un movimiento social tuvieran como
integrantes al 15% de la población del mundo, ¿cuántas obras materiales, sociales
y culturales se harían y crearían con la magnitud de tal fuerza y talento humano?
Pero, ¿qué pensaría Ud. si supiera, que en lugar de que se aproveche ese enorme
potencial para aplicarlo a los proyectos que requiere el mundo, se le ponen a las
personas que lo constituyen, todo tipo de barreras para limitar o impedir su
aportación al desarrollo de las sociedades en que viven?
Eso es precisamente lo que el mundo deja de ganar con la exclusión y
marginación de más de mil cien millones de personas con discapacidad. Son las
barreras de la sociedad y no las limitaciones físicas de estas personas las que
ocasionan el desperdicio de esta riqueza humana, pues solo cerca de 200
millones tienen objetivamente dificultades funcionales de nivel tal que no pueden
trabajar sin ser apoyados por servicios de cuidados especiales y ajustes
razonables.
Los demás, que suman 900 millones de personas, pese a que son
aceptablemente funcionales, autónomos, aptos para estudiar y trabajar, al ser
descartados como agentes activos de la sociedad, sufren rezagos en su nivel de
salud, alimentación, vivienda, seguridad social, escolaridad, formación para el
trabajo, empleo digno y participación social y económica. Estas desventajas al
acumularse, los atrapan en círculos viciosos de discapacidad, marginación,
exclusión, pobreza, más discapacidad y dependencia.
Siendo actualmente ya muy importante la magnitud de este problema mundial y
de sus consecuencias económicas sociales y humanitarias, los organismos
internacionales que trabajan en este tema, estiman que en los años futuros,
debido al envejecimiento de la población, al aumento de la incidencia de las
enfermedades crónico-degenerativas y de la salud mental, así como de la
desigualdad social, la discapacidad se incrementará hasta convertirse en una
crisis para la sostenibilidad económica de las sociedades.
El desafío para no llegar a este punto limite, es convertir este potencial de más de
mil millones de personas con discapacidad, en una fuerza de cambio estructural
profundo que involucre a los 7 mil y medio millones de seres humanos del mundo,
especialmente a sus gobiernos y a los agentes económicos y políticos que toman
las grandes decisiones, que trabaje en una Estrategia Mundial para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, tal como la convocó el 11 de junio de 2019
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
La ONU considera que esta estrategia mundial podrá ser la base de un progreso
sostenible y transformador que garantice la inclusión de las personas con
discapacidad y la realización plena de sus derechos humanos.
Los antecedentes de esta convocatoria de la ONU, son la declaración del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad en 1992 y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2008. Se trata de un
nuevo intento de sumar la voluntad y el compromiso de los países del mundo para
rescatar a las personas con discapacidad, sumándolas al desarrollo y al disfrute de
sus beneficios.
Esta exhortación de la ONU fue respaldada en 2011 por la Organización Mundial
de la Salud con su Informe sobre la Discapacidad, luego con su Plan de Acción
Mundial sobre Discapacidad 2014-2021 y el de Rehabilitación 2030.
También la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometió a “no dejar a
nadie atrás” y a considerar la discapacidad como una cuestión transversal en la
implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente
en cuanto discapacidad, se ocupa de su atención en educación, en el crecimiento
económico y en el empleo, en la desigualdad, en la accesibilidad, así como en la
recopilación de datos y en el seguimiento de los ODS.
Particularmente con el incremento de los riesgos y la vulnerabilidad de las personas
con discapacidad ante la pandemia de COVID-19, se ha hecho muy pertinente lo
establecido por Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y
la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción
Humanitaria (OIM, 2017).
Esto porque ante tantas crisis sobrepuestas y agravadas por el COVID-19, ha
quedado al descubierto la debilidad de los Estados, de sus instituciones, de sus
políticas públicas y programas, para prever y atender oportuna y suficientemente las
necesidades de la población en general y especialmente las vulnerables.
Las evidencias demuestran que en la actual situación, las personas con discapacidad
son las más vulnerables y están expuestas a más riesgos que nunca, por lo tanto
requieren de una protección y un apoyo urgente y especial, por parte de los
organismos internacionales y de los gobiernos de los Estados nacionales y locales.
Así, el día Internacional de Personas con Discapacidad y el de los Derechos
Humanos, conmemorados en diciembre de este año, están marcados por este
llamado urgente que hacen las personas con discapacidad del mundo, de México y de
Tamaulipas.
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