CIUDAD DE MÉXICO, 26 de Sep. de 2020.- El gobierno de Enrique Peña Nieto distorsionó con encubrimientos, mentiras, escándalos mediáticos y ocultamiento de pruebas, los hechos en torno al caso Ayotzinapa para impedir el acceso a la justicia para las víctimas, aseguró el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
Mediante una transmisión remota, el Fiscal estableció que los estudiantes intentaban trasladarse a la Ciudad de México a bordo de autobuses la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando se desarrollaba un enfrentamiento entre grupos de crimen organizado que dejó esa noche un saldo de 80 muertos en la región de Iguala.
En este asunto, ya no cabe la menor duda de que el Gobierno anterior, -en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales-, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar, con impunidad y con escándalos mediáticos, una trama que ahora se ha logrado exhibir en toda su crudeza y realidad”, enfatizó Gertz Manero a los padres de los jóvenes desaparecidos reunidos en Palacio Nacional.
El Fiscal señaló directamente al entonces Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón, como el principal constructor de la llamada “verdad histórica” basada en mentiras, falsedades, desarrollando diligencias sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos, efectuó torturas y sembró restos óseos en el Río San Juan.
Además, Tomás Zerón sustrajo mil millones del presupuesto de la PGR con la anuencia de sus superiores y como pago por haber fabricado la “verdad histórica”.
El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país; y, en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel; país al que ya se le ha pedido su apoyo, dado que sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los Derechos Humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa”, explicó Gertz Manero.
El Fiscal relató que la noche de la desaparición forzada, los estudiantes fueron víctimas de un choque entre bandas del crimen organizado que han asolado a Guerrero desde hace años, entre las que se identifica a Guerreros Unidos.
Además, hubo complicidad en su desaparición de policías federales y locales, y de las fuerzas federales.
La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal, en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar”, expuso el Fiscal.
El desarrollo de esa jornada fue seguida por el sistema de video vigilancia C-4 de Iguala, donde debieron quedar registrados las detenciones ilegales de los estudiantes, su traslado a oficinas públicas, a los centros de justicia e incluso de su entrega a integrantes de Guerreros Unidos que estaba coludido con esas autoridades.
Los videos, y el registro de llamadas, sin embargo, no existe, pues las cámaras dejaron de funcionar parcialmente, y los radios se apagaron, relató el Fiscal.
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