Matamoros, Tamaulipas, 25 de Sep. de 2020.- Porque nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Cabildo de Matamoros analizan la pertinencia de promover una
controversia constitucional contra el decreto emitido por el Gobierno de Tamaulipas, mediante
el cual asume el mando de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En conferencia de prensa ofrecida este viernes por la Comisión de Gobierno y Seguridad
Pública en el Cabildo que preside Adolfo Iván Puente Acosta, y como secretario David Alfonso
Bedartes se dio a conocer el posicionamiento de integrantes del Ayuntamiento sobre el
Decreto emitido el 22 de septiembre por el Gobierno del Estado.
Al dirigirse a los medios de comunicación Puente Acosta estableció que el Cabildo es la
autoridad que por unanimidad o por mayoría asume las determinaciones que han de regir el
actuar municipal.
Agregó “el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ha sido notificado por conducto de su
Presidente Municipal de un decreto mediante el cual el Gobernador de Constitucional del
Estado de Tamaulipas asume el mando inmediato de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, fundamentándose para ello en la fracción VII del artículo115 Constitucional, y
motivando su determinación en el hecho de que la ya citada Secretaría de Seguridad Pública
Municipal fue omisa al dejar de intervenir en eventos sucedidos en territorio del municipio y que
alteraron gravemente la paz social”.
Ahora bien añadió, si bien es cierto que el artículo 115 Constitucional en su fracción VII
establece que: “La policía preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos
de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del
Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración
grave del orden público”.
No es menos cierto que la motivación esgrimida para la aplicación de esa disposición no es
veraz, ni suficiente, ni integra, ni legal de manera contundente, expresó ante los medios de
comunicación.
El Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública también se refirió al Convenio
de Colaboración y Coordinación en materia de Seguridad Pública celebrado con el Gobierno
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se cedía a este último las funciones de seguridad
pública en el municipio de Matamoros.
El citado convenio fue suscrito el 17 de enero del presente año y con vigencia al 31 de
diciembre de este mismo año; en ese sentido añadió, la tutela de la seguridad pública
corresponde al Estado desde el 2013, ratificándose el convenio periódicamente.
Mencionó además, que la federación destina al municipio 20 millones de pesos anuales del
programa Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG-, recursos que el municipio cede al
Estado para que adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario
para otorgar seguridad en Matamoros.
Enseguida el secretario de la Comisión, David Alfonso Bedartes Rodríguez expresó el
desacuerdo de integrantes del Ayuntamiento al citado decreto gubernamental, en donde hace
referencia a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue omisa al no intervenir en el
evento que alteró el orden público, esto, agregó, porque la corporación municipal no está
facultada, ni capacitada para actuar en ese acto.
En todo caso refirió, quien debió y pudo actuar, y no lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable
del Gobierno del Estado asignada a este municipio, dependencia que tuvo conocimiento de los
eventos expuestos en el decreto.
Expresó que sí tomar el mando de la SSP en Matamoros implica tener un cuerpo policiaco
capacitado, equipado, eficiente. Honesto, y con la proximidad que se requiere para brindar
seguridad a los matamorenses, es bienvenido.
Agregó, sí ese cuerpo de policía integrado, capacitado y equipado sustituye a nuestras
corporaciones desarmadas y sin equipo táctico y eso redunda en más seguridad eficiente, la
medida sería bien vista.
Sin embargo añadió, también de cara a la autonomía municipal, sí el decreto gubernamental
no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo que su contenido implique,
desde ahora, manifestamos que se analiza la pertinencia de promover la controversia
constitucional que proceda en contra del decreto que se habla para restablecer la autonomía
municipal.
Nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
autonomía municipal es una calidad que tiene rango constitucional; los tribunales determinarán
en todo caso la legalidad del acto, concluyó.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico, Isidro Jesús
Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se actúe de manera
jurídica porque el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal, con un convenio de
colaboración firmado, pero todo pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el
orden constitucional.
En ese sentido reiteró, estamos analizando la posibilidad de presentar una controversia
constitucional en contra del decreto emitido por el gobierno del estado por considerar que
transgrede el orden constitucional.
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