CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Ag. de 2020.- En videoconferencia con gobernadores del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que para el encuentro de la Conago que se celebrará el próximo miércoles 19 de agosto en San Luis Potosí a la que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará presente, además, el gabinete legal y ampliado para comprometer un trabajo conjunto en las necesidades que tienen las entidades para superar la emergencia sanitaria y reactivar la economía.
En el diálogo de hoy les informó que recibió la instrucción del mandatario federal para convocar a los titulares de las distintas dependencias.
“Me ha pedido que los invite a todos para acompañarlo y para que ustedes señores gobernadores, señora gobernadora, jefa de Gobierno, sientan que el Gobierno de la República está con ustedes, está teniendo este diálogo permanente con ustedes.
“Así que nos acompañarán, desde luego, más de un secretario de Estado, independientemente de los que siempre hemos estado con ustedes. Estará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; estará el secretario de Educación, el maestro Esteban Moctezuma, ya que es un tema que ahorita se está planteando del regreso a clases”, comentó.
También participarán de forma directa la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, para explicar algunos asuntos de fiscalización. En el caso del secretario de Hacienda y el propio presidente, dijo, escucharán atentos el planteamiento de un nuevo pacto fiscal.
“Y estoy segura que dicho encuentro, que tendremos el miércoles de la próxima semana, servirá para mejorar las herramientas que hemos estados utilizando para hacer frente a la pandemia por una parte, pero también para la reapertura del sector económico.
“Así como una intervención importante del secretario de Hacienda en las cuestiones fiscales, impositivas, y también la revisión de este pacto fiscal que ustedes han estado señalando”.
Durante la reunión virtual, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, propuso la firma de un convenio entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y los gobiernos estatales, con el objetivo de combatir los delitos fiscales y financieros de cada entidad.
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